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EDITORIALPara reflexionar y actuar El episodio del acoso sexual en la Asamblea Legislativa debe servir para revisar la ley respectiva y reforzar la lucha contra esta patología socialEl diputado Federico Tinoco debe renunciar a su curul por un elemental respeto al pueblo de Costa Rica La denuncia contra el diputado Federico Tinoco (PLN) por hostigamiento sexual, presentada por una asesora de la Asamblea Legislativa, asignada a él, no debe, en modo alguno, contaminarse con los intereses partidistas, por acción o por omisión, ni tampoco confinarse en la investigación en sí. El tema es grave y sensible por tratarse de un diputado, que, como tal, afecta a la Asamblea Legislativa, y, además, por la extensión y arraigo en nuestro país de este tipo de conductas, que nos afecta a todos. Aprovechemos, entonces, con responsabilidad, este hecho para ahondar en este problema social –patológico, legal y moral– y para adoptar decisiones que, en verdad, sean ejemplarizantes y contribuyan a atacar estos comportamientos impropios de una sociedad que encuentra en la base misma de los derechos humanos y del sistema democrático el respeto y defensa de la dignidad humana. Esta es la cuestión de fondo: el respeto a la dignidad humana que, en lo atinente a la mujer, a los niños y a los adolescentes, presenta, desde la vertiente del abuso de poder, en cualquiera de sus modalidades y desviaciones, una amenaza constante y directa que, en vez de reducirse, ha aumentado, al conjuro de la impunidad (de la inmunidad), de la insensibilidad, del interés, del temor o de la indiferencia. El caso del diputado Tinoco, en el ámbito de la Asamblea Legislativa, presenta diversas aristas o motivos de reflexión que de ninguna manera se deben menospreciar o relegar. Nos referimos a la responsabilidad en la selección (conforme a criterios intelectuales, morales, psicológicos y de carácter) de los candidatos a puestos públicos, labor difícil, pero primordial y determinante, cuyas fallas desembocan en el sufrimiento del pueblo. Nos referimos a la distinción entre la lealtad, fundada en la ley o en la verdad, al amigo o al compañero en la función pública, y la “lealtad”, desviada o desnaturalizada, que conduce al encubrimiento o al disimulo, causa de los mayores quebrantos en la política y en el Estado. En este punto, la fracción legislativa del Partido Liberación Nacional(PLN) reaccionó, en los primeros trances, torpemente, aduciendo la inexistencia de una denuncia pública personal. Conocida esta, ayer, resolvió, sin embargo, pedirle al diputado Tinoco la renuncia a la inmunidad, lo que será secundado por las otras fracciones. En materia tan principal, debió actuar con mayor diligencia y presteza. Nos referimos, asimismo, al descargo, anteayer, del diputado Tinoco en el plenario legislativo: una pieza de cinismo y de irrespeto a sí mismo y a todos, en particular a la persona ofendida, lo que lo descalifica de plano como diputado, esto es, como representantes del pueblo. Nos referimos a la gallardía y dignidad de la ofendida que, en medio de la espectacularidad y riesgo de estos dolorosos episodios, se atrevió a hablar y a denunciar. Con su actitud les ha infundido confianza y valor a tantas mujeres agredidas sexual, física, verbal y psicológicamente en nuestro país, silenciadas por el temor a las represalias y aun, como ha ocurrido, a la muerte. En estrecha relación con esta penúltima reflexión, surge el tema del vacío legal prevaleciente en este campo: la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que dejó en la penumbra la conducta de los diputados por no existir, entre agresor y víctima, una relación laboral. Esta ambigüedad legal, que benefició a otro diputado en situación similar en el pasado, debe colmarse pronto, previo estudio de dicha normativa, a la luz de la experiencia y de las observaciones planteadas, habida cuenta también de que, tal como lo ha expresado la Sala Constitucional, un diputado es un funcionario público. Se impone, asimismo, legislar sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria que, en las condiciones actuales, favorece a los diputados en cualquier conducta ilícita, aun fuera del ámbito parlamentario. Este capítulo legislativo debe servir, como expresamos, para reflexionar y actuar con la mano en el corazón, como dice nuestro pueblo. Su conclusión inmediata ha de ser la renuncia del diputado Federico Tinoco a su curul. Su conducta y su indignante explicación en el plenario, el miércoles pasado, son incompatibles con sus electores, en febrero pasado; con su juramento constitucional, con la majestad de la Asamblea Legislativa, con los demás diputados y con su partido político. El presidente Arias lo instó ayer, en buena hora, a renunciar a la inmunidad y a separarse del cargo en el lapso de la investigación. Dado el principio de separación de poderes, el presidente de la República no podía pedir más. Sin embargo, la ley y los valores éticos, los mismos que nutren el Estado de derecho, no admiten otra orientación que la renuncia al cargo de diputado, un epílogo positivo y necesario.
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