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Exjefe de la investigación admitió yerrosCúmulo de errores impidió desenmascarar al ‘Psicópata’ Dos inocentes guardaron prisión por la masacre en la cruz de AlajuelitaPesquisa cambió varias veces de manos; muchos datos se perdieron Otto Vargas M. ovargas@nacion.com Pistas que condujeron a callejones sin salida, hipótesis que llevaron a prisión a inocentes, pruebas que se estropearon por el paso del tiempo y celos profesionales ayudaron al Psicópata, el peor asesino en la historia del país, a mantenerse a salvo de la Policía.
La totalidad de los homicidios quedó prescrita desde el miércoles anterior, cuando se cumplieron 10 años del último ataque. De esas fallas es testigo el viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez, exsubdirector del OIJ y quien siguió durante años la pista al asesino. “¿Cómo catalogar la investigación? Como un fiasco y una frustración. Caímos en un error y nunca logramos reponernos. “El rumbo se perdió desde el principio y así se mantuvo hasta el final”, manifestó. Entre el 6 de abril de 1986 y el 25 de octubre de 1996, este homicida sin rostro mató a 19 personas con una ametralladora M-3. Esa arma figuró en la masacre de la cruz (en el cerro San Miguel), de Alajuelita, primer ataque atribuido al Psicópata. Murieron siete mujeres. Desaciertos. Láscarez y el actual director del OIJ, Jorge Rojas, coinciden en que para 1986 la Policía Judicial no estaba lista para enfrentar a un asesino tan peculiar. Según Láscarez, los agentes interpretaron el homicidio de Alajuelita como un acto de delincuencia común, cuando la escena indicaba que tras el hecho estaba alguien “nunca antes conocido en la criminalidad tica”. Ese divorcio entre lo que sugería el sitio del crimen y la línea que siguieron los agentes llevó a prisión a dos inocentes, reconoció el exagente judicial. Láscarez se refería a Arnoldo Mora Portilla ( Arnoldillo) y a José Luis Monge Sandí (Tres Pelos), quienes purgaron cinco años de cárcel por la masacre. Para inculparlos, los agentes se basaron en un informante, quien dijo haber guardado en su casa una ametralladora que Mora sustrajo de la casa del coronel Rodolfo Quirós González, en Montes de Oca. Los investigadores –agregó– confiaron a ciegas en el informante (para esa época estaba preso), pese a que su versión era poca fiable. Tampoco se tomó en cuenta que dos dictámenes criminalísticos entraron en contradicciones, pues mientras uno confirmó “con un 150 por ciento de certeza” que el arma robada a Quirós era la utilizada en la masacre, otro concluyó que no era la misma. “El día después de la masacre, nos topamos a Tres Pelos en el mercado con una hija. Esa no era la actitud propia de alguien que acababa de matar a siete mujeres. Lo lógico era que se escondiera. Además, mientras esa gente ( Arnoldillo y Tres Pelos) estaba en prisión, ocurrió otro de los crímenes del Psicópata. Con solo eso había que liberarlos”, declaró Láscarez. A lo largo de los siguientes años hubo más errores. Otros tropiezos.El caso pasó por varios detectives, quienes “andaban los expedientes bajo el brazo” –reconoció el director del OIJ, Jorge Rojas– en vez de aportarlos para una base de datos. Las únicas pruebas científicas para desenmascarar al homicida –una muestra de semen y la huella de una palma, recolectadas en la cruz de Alajuelita– no pudieron ser preservadas. El semen se degradó y la huella palmar no alcanzó los 11 puntos necesarios para una comparación. En 1996, desesperados ante un nuevo ataque, el OIJ creó un equipo para atrapar al Psicópata. Pero era tarde, consideró Láscarez. Mucha de la información del caso estaba perdida y, de acuerdo con el exagente, el equipo no logró nada. Última esperanza. En el 2002, dos agentes de la sección de Homicidios del OIJ creyeron encontrar en un exguerrillero –ultimado en 1998– al temible asesino. Varios hallazgos sustentaron su hipótesis: como expolicía tuvo acceso a un arma M-3, vivió en la zona de los crímenes, tenía munición con la marca WR-54 (igual a la usada por el Psicópata) y su aspecto físico era semejante con el retrato hablado de la única sobreviviente. El hallazgo generó una fuerte división al punto que los oficiales tuvieron que enfrentar una pesquisa interna por “trámite negligente de investigación”. Los detectives pretendían viajar a Boaco, Nicaragua, para buscar la M-3, pero la acusación y la falta de apoyo por parte de la Fiscalía hicieron que la dirección del OIJ descartara la búsqueda.
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