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Personas abandonadas no tienen a dónde ir 10% de quienes están en hospitales mueren esperando ayudaMuchos son adultos mayores enfermos sin apoyo familiar Ángela Ávalos R. aavalos@nacion.com Un indigente de 50 años, en alto riesgo social y con antecedentes de consumo de drogas, murió el 23 de junio en el hospital San Juan de Dios, donde estuvo internado 240 días esperando que alguna institución pública o privada le diese albergue. Su muerte no es la primera ni tampoco será la última que se produce en esas condiciones.
Solo en ese hospital, el 10% de las personas declaradas en abandono allí muere aguardando ayuda, según datos del Servicio de Trabajo Social. En el caso de ese hombre de 50 años, las trabajadoras sociales del San Juan acudieron infructuosamente a 11 instituciones diferentes con la esperanza de que alguna le tendiese una mano. Sin embargo, las respuestas son las mismas: no hay espacio o falta capacidad técnica para atender a personas abandonadas que cargan con una enfermedad crónica o terminal, o que presentan alguna discapacidad. La mayor parte son ancianos, y los hospitales son los que soportan el peso de la atención de personas que bien podrían ser atendidas fuera de un centro de salud. Impacto. El abandono es un problema cada vez más frecuente que se agudiza por la falta de respuesta del Estado y de la sociedad, dicen los responsables de estos casos en los hospitales. Según especialistas consultados, puede ser que esta gente cuente con familia, pero las condiciones económicas del hogar no son lo suficientemente sólidas para cuidar a un anciano con enfermedades crónicas, a una persona con discapacidad o a un enfermo. Un ejemplo es la situación de Alexánder Jiménez, quien cumplió un año de estar internado en el Hospital San Juan el 24 de octubre. Jiménez no es un anciano. Tiene 53 años y se puede movilizar solo. Sin embargo, sufre las secuelas de una crisis diabética que le dejó cierto retardo mental. “Está en condiciones de egreso desde hace más de tres meses. Tiene tres hijas que viven en la pobreza. Ellas trabajan para su subsistencia, pero, si se les mandase al papá, ¿quién lo cuidaría?”, explicó Ana Sánchez Vargas, la trabajadora social a su cargo en el San Juan. En el caso de Jiménez se ha acudido al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Consejo Nacional de Rehabilitación, pero la respuesta ha sido negativa. “Los casos de abandono son frutos de los problemas económicos y de que la familia de hoy ya no puede ocuparse de sus integrantes”, expresó Ana Josefina Güell, jefa de Trabajo Social del San Juan. Se calcula que solo en los hospitales de la Caja hay 2.000 personas como el indigente de 50 años fallecido y Alexánder. Esa situación motivó a un grupo de profesionales a organizar un foro intersectorial para el 16 y el 17 de noviembre, con el fin de analizar el problema y buscarle soluciones. “Solo tenemos tres salidas: o los ubicamos en instituciones, en su familia a pesar de los riesgos de algunas, o los tiramos a la calle. Nosotros no estamos optando por la calle. Algo se debe hacer para que esto no suceda”, dijo Güell. Costos. El director del Hospital de Geriatría y Gerontología, Fernando Morales, dijo que su entidad tiene diez pacientes abandonados, pero en lo que va del año ha recibido a cien. La atención diaria para cada uno cuesta ¢86.000. El promedio de estancia allí es de 104 días, pero algunos internos han llegado a estar hasta 174 esperando que alguna institución les reciba a los ancianos. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) tiene a su cargo un programa de convivencia familiar para las personas con discapacidad abandonadas o cuyas familias no los pueden atender. Dicho programa empezó en el 2001 con 11 personas y hoy ya tiene 618 a su cargo. Hay, además, una lista de espera de 130 personas que no han podido ser ubicadas porque el Consejo asegura no tener capacidad para vigilar que las familias o centros donde se los lleve los atiendan adecuadamente. “Hemos propuesto crear una comisión interinstitucional para que se analice la magnitud de este problema y las posibles acciones. Estamos a la espera de la respuesta del coordinador social del gobierno (Fernando Zumbado)”, dijo Bárbara Holst, directora ejecutiva del CNREE.
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