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Ejemplo inglés Armando González agonzalez@nacion.com La precocidad de Inglaterra en la adopción de instituciones democráticas tuvo su precio. Algunas de ellas y las ideas que las inspiraron se convirtieron, por el hecho mismo de su larga permanencia, en tradiciones resistentes al cambio, que en su momento fueron de avanzada y con el tiempo dejaron de serlo. Las leyes aplicables a la difamación constituyeron, hasta hace un par de semanas, un notable ejemplo. En 1275, la monarquía inglesa inauguró las leyes de difamación con el De Scandalis Magnatum, un cuerpo legal destinado a proteger a los “mejores hombres” del reino y permitirles conducir los asuntos públicos sin temor a la crítica. Para cumplir su propósito, el delito no tenía defensa, aun cuando se probara la verdad. Pasados cuatro siglos y medio, el gobernador inglés de Nueva York encarceló a John Peter Zenger, editor del New York Weekly Journal, por publicar críticas en su contra. El periodista cumplió ocho meses de prisión en espera de un juicio cuyo resultado valió la pena. Por primera vez en el vasto imperio, un jurado dictó absolutoria a partir de la veracidad de lo publicado. En Inglaterra, sin embargo, pasaron largos años antes de que las cortes aceptaran la verdad como defensa y, una vez que lo hicieron, se apegaron a ella hasta el 11 de octubre pasado. De camino, el derecho inglés estructuró otras defensas, incluyendo la reproducción fiel de documentos y declaraciones oficiales, pero nunca aceptó a plenitud la idea de eximir de responsabilidad las expresiones erróneas, emitidas sin conocimiento de su falsedad ni temerario menosprecio por la verdad. Esa doctrina se extiende por el mundo desde 1964, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos la acogió con entusiasmo. Hoy figura en el Código Penal Español, la jurisprudencia japonesa, la “Declaración de principios sobre libertad de expresión” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la legislación interna de muchas antiguas colonias inglesas, como la India y Barbados, que se le adelantaron a la metrópoli. El 11 de octubre, después de múltiples condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Cámara de los Lores enmendó el error histórico. En Costa Rica la palabra la tiene la Asamblea Legislativa, que en estos momentos conoce un proyecto de ley encaminado a los mismos fines.
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