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Entrevista: Eduardo Bertoni Una autoridad en el tema, de visita en el país, asegura que la legislación costarricense es deficiente en comparación con los estándares internacionales, pero que el defecto es corregible.Por Carlos A. Villalobos cvilla@nacion.com Libertad de expresión debe avanzar Exrelator de OEA para la libertad de expresión Edad: 41 años Profesión: Abogado Nacionalidad: Argentino Don Eduardo, ¿cómo debe entender el ciudadano la libertad de expresión? El derecho a la expresión lo tenemos todos; lo tienen los periodistas, los ciudadanos de a pie. La libertad de expresión no tiene que estar ligada únicamente a los medios de comunicación, es un derecho que ha sido reconocido por todas las declaraciones de derechos humanos como un derecho fundamental. ¿Es inherente al ser humano? Hay tratadistas que dicen que es un derecho individual, inherente al ser humano. ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en Costa Rica? La legislación costarricense, sobre todo la legislación penal, tiene deficiencias en función de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, deficiencias en cuanto a la compatibilidad. Algunas provisiones que tiene la ley costarricense chocan con los estándares más avanzados y tendencias universales. Por ejemplo... Uno de los ejemplos es la posibilidad de la prueba de la verdad, en donde claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso justamente contra Costa Rica, determinó que esto había sido aplicado de tal manera que vulneraba el artículo 13 de la Convención. ¿Que debe hacer el país para superar esas deficiencias? Costa Rica está en una posición ventajosa como para avanzar en función de una mayor protección a la libertad de expresión, a partir de la discusión que se viene dando hace varios años de un proyecto legislativo determinado. Aquí hay discusión, existe un proyecto de ley, pero es necesario que ese proyecto de alguna manera avance. En cuanto a los delitos de injurias y calumnias, ¿hacia dónde debe ir nuestra legislación? Yo creo que un estándar importante que hay en esa materia es la doctrina de la real malicia. Tiene que ver con quién es el encargado de determinar si lo que dijo o no dijo, por ejemplo un periodista, es falso o es verdadero, dentro de un juicio penal. El otro tema clave es la necesidad de establecer umbrales diferentes de ataques al honor cuando nos encontramos en expresiones vinculadas a asuntos de interés público, que en general envuelven a funcionarios o a figuras públicas. Otra tendencia es la necesidad de que estos asuntos no se resuelvan por la vía penal. El presidente de la Corte Interamericana expresa que el Derecho penal tiene que ser utilizado como la última herramienta de control, no la primera. ¿Cómo conciliar el hecho de que son los políticos quienes deben reformar las leyes y muchos no quieren verse afectados? Este tipo de reformas que garantizan mayor libertad de expresión, mayor debate público, también garantizan mayor debate público a quienes ejercen funciones públicas. Es decir, las figuras públicas también corren el riesgo de ser enjuiciados penalmente si quieren entrar en un debate público; entonces, este tipo de reformas no son para beneficiar a un grupo, son reformas que benefician la democracia. Pero la realidad es otra. No, pero yo tengo la convicción de que no todos los políticos quieren trabajar a oscuras y hay sobrados ejemplos de políticos de buena fe que piensan en mejorar la democracia, por supuesto que también hay malos políticos que lo que quieren es seguir escudándose en el derecho penal para no ser criticados.
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