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EDITORIAL

Dañar a Limón

La concesión de los puertos de Limón es una necesidad imperiosa por el bien de la provincia
Dirigentes sindicales atentan contra la población de Limón y contra la economía nacional


Los dirigentes sindicales de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) deben de sentirse satisfechos. Están logrando plenamente los objetivos trazados: perjudicar económicamente a esta institución, agravar los problemas sociales de la provincia de Limón, y, por extensión, dañar la economía nacional, dada la preponderancia de los puertos de Limón en el flujo de las importaciones y de las exportaciones.

De este modo, estos sindicalistas siguen fielmente la estrategia típica de los grupos extremistas: oposición a todo proceso de reformas económicas y sociales, aduciendo, como lo acaba de expresar, fuera de sí, un expresidente de la República, de que “nada se arregla, mientras no se arregle todo”, receta ideal para fomentar la lucha de clases, esterilizar el sistema democrático y bloquear la acción del Estado. Esta ha sido una de las características del historial de congojas y de atraso de la provincia de Limón: una región rica, llena de oportunidades, empobrecida por cuanto, entre otras causas, ha estado sujeta a los intereses y a la ideología desorbitada de un grupo minoritario de dirigentes sindicales, apoyados, en no pocas ocasiones, por dirigentes políticos, imbuidos de temor. Tampoco las autoridades de Japdeva y los propios Gobiernos, atrapados por el miedo y la falta de visión, han logrado orientar esta institución.

La prueba más esclarecedora de esta realidad ha sido la concesión del puerto de Caldera. En pocas semanas de funcionamiento, se ha podido verificar, con datos contantes y sonantes, cuánto se ha avanzado y, comparativamente, cuán gigantescas pérdidas habrán sufrido Japdeva y la economía nacional en muchos años de señorío sindical. Ahora, al oponerse los dirigentes sindicales a la concesión de los puertos de Limón, respaldados por partidos políticos miopes, lo que, en verdad, sale a flote es el temor de que, en otro puerto, el pueblo advierta cuán grande es el daño causado por los sindicatos contra Japdeva y contra la provincia de Limón. Otra prueba palmaria de esta mentalidad es la exigencia de pagos privilegiados por trabajos no realizados, al calor de una convención colectiva contraria al bien común, seguida de un mes de tortuguismo en los muelles que ha perjudicado sobremanera la economía nacional.

El colmo de esta situación perversa es entorpecer, en estos días, el atraco de buques cruceros a Limón. El barco Carnaval Victory, con 3.000 pasajeros, acaba de cancelar la visita a Limón, y otras líneas de cruceros harán lo mismo. Este es un verdadero asalto sindical contra la economía y el comercio de Limón, como lo han expresado tanto empresarios como trabajadores, taxistas, artesanos y las personas pobres que, gracias exclusivamente al turismo, pueden percibir algún ingreso. No debe haber lugar a engaños o a refinamientos verbales. Estamos ante verdaderos actos delictivos que, en modo alguno, deben quedar impunes. La impunidad, en estas circunstancias, no solo quebranta las normas legales, sino que estimula nuevos delitos.

Declarado, por ello, ilegal el tortuguismo y ante un paro de labores también ilegal, que está afectando a Japdeva y a los limonenses, es preciso, como expresó el presidente ejecutivo, individualizar la responsabilidad de los actores de estos desmanes para establecer las sanciones administrativas y formular las denuncias penales correspondientes. Estos daños económicos y sociales, y estos quebrantos legales no deben quedar impunes. Los dirigentes sindicales no están por encima de las leyes y, además, las sanciones correspondientes trazan una diferencia nítida entre el sindicalismo genuino y la comisión de actos delictivos. Solo la ley y la autoridad pueden contener estos desbordes y liberar a Limón del miedo y de uno de los principales causantes de su letargo económico y social.

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