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Tarifas de Sicere: ¿acuerdo? La Superintendencia de Pensiones no ha pactado ni autorizado tarifa escalonadaJavier Cascante Elizondo Superintendente de Pensiones En respuesta a “CCSS cobra ¢90 millones al mes por recaudar pensiones” (La Nación, 6/10/06), el director de la División Financiera de la Caja, Manuel Ugarte Brenes, indicó (Foro, 13/10/06) que las tarifas cobradas por el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) por recaudar y distribuir los aportes de los trabajadores al régimen de pensiones complementarias “obedecen a estudios actuariales que se han pactado con las Superintendencia de Pensiones y las operadoras de pensiones para llegar a un punto de equilibrio; por ello, la CCSS empezó a cobrar una tarifa escalonada (…)”. Es imperioso aclarar que la Superintendencia de Pensiones (Supen) no ha pactado ni autorizado la tarifa escalonada mencionada por don Manuel, ni ningún otro esquema de cobro por el servicio de recaudación que el Sicere aplica. En lo que sí ha insistido la Supen es que el cobro del servicio de recaudación incide en la estructura de costos de las operadoras de pensión complementaria (OPC) y, por tanto, en el nivel de comisión que se cobra al afiliado. Por eso, ha sido constante preocupación de la Supen que la eficiencia y servicio al costo priven en esta actividad de recaudación. Debe tenerse claro que, con la creación del sistema de cuentas individuales, se pretendía aprovechar las economías de escala que se generarían por el hecho de que la CCSS ya realizaba la recaudación de los propios aportes (IVM y SEM), por lo que resulta lógico que la tarifa a cobrar a las OPC debería reflejar el costo marginal de esta nueva responsabilidad. La determinación de dicho “costo marginal” es lo que no ha sido posible encontrar en los estudios de la CCSS, aspecto relevante si se desea afirmar que las tarifas cobradas por el Sicere son “bajas” o “altas”. Lo que sí es cierto es que, para aumentar la eficiencia y claridad del cobro del servicio de recaudación, la Supen ha sometido diferentes opciones a consideración de las autoridades de la CCSS, sin hasta ahora obtener respuestas. Nuevas formas de cobro. Explorar el empleo de esquemas automatizados de cobro mediante la plataforma del sistema interbancario de pago electrónico que administra el Banco Central (Sinpe) para la totalidad de los patronos. Dentro de este esquema, aparte de mejorar notablemente los aspectos de seguridad del proceso y la disminución de riesgos operativos, es posible reducir drásticamente los costos de recaudación y los tiempos de traslado de recursos. Debe considerarse que las comisiones bancarias constituyen un costo que obviamente se carga a la comisión de recaudación. Respecto a los tiempos de traslado, basta decir que, cuantos más días se destinen a esa gestión, los aportes del trabajador se encontrarán ociosos, perdiendo rentabilidad y afectando su pensión, no solo del sistema complementario, sino también afectando los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de Enfermedad y Maternidad (SEM). Un esquema automatizado y coherente de cobro también permitirá reducir la incidencia en la generación de registros erróneos cuyo acumulado al primer semestre del año fue de 621.299, lo que significa costos adicionales para la aclaración de los aportes y mayores costos al proceso de recaudación. Debe considerarse que los errores no solo afectan las cuentas individuales, sino el estado de cotizaciones al IVM y SEM. Estudios independientes. Respecto a la tarifa a cobrar, se ha insistido en la necesidad de buscar, en aras de la transparencia, un tercero independiente, con experiencia en procesos de recaudación, para que realice un estudio de costos de la recaudación de las cuotas a la seguridad social. Este estudio debería actualizarse periódicamente para conocer la verdadera situación del sistema de recaudación y discutir las mejoras a incorporar. A la fecha, el estudio data de hace 5 años. Se ha propuesto someter a un proceso de autorización ante la Aresep las tarifas del servicio de Sicere pues, por su alta incidencia en la vida nacional, debería ser estimado un servicio público. Esto requiere un cambio en la ley. Como se observa, sobre este tema hay todavía mucha “tela por cortar”, como para afirmar que hemos llegado a un acuerdo que beneficie a los trabajadores.
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