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Sinrazones del TLC Armando González agonzalez@nacion.com El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) reconoce que en el TLC no existe una regulación específica para la educación, pero eso no le impide sostener que el texto impondrá gravosas obligaciones a los educadores. De alguna forma, el tratado, aunque omiso en materia educativa, erradicará la compensación establecida por laborar 200 días y convertirá a los maestros en empleados municipales. La oficina del representante comercial de los Estados Unidos también parece estar preocupada por las vacaciones concedidas a los maestros centroamericanos y de ninguna manera aceptará el pago de incentivos en setiembre, porque la fecha apropiada, en opinión de Washington, es enero. La educación pública, tan extendida en los Estados Unidos, no podrá recibir fondos del Estado costarricense, pese al mandato constitucional que exige destinarle un 6% del PIB. Por razones no especificadas en el Tratado, nuestro país asumirá la obligación de reformar el marco constitucional para renunciar a la educación pública. Ninguno de esos cambios es aceptable y la mayoría es imposible en virtud de la Constitución y la ley. Por fortuna, ninguno figura, siquiera indirectamente, en el tratado, que tampoco nos impone la importación de armas de guerra y mucho menos la creación de un ejército y la destrucción de los bosques. Hay en el tratado temas de legítimo debate, como lo concerniente a las telecomunicaciones y la propiedad intelectual. Allí, quienes apoyamos el TLC debemos reconocer espacios para la discusión seria e informada, pero la desinformación, por útil que sea para movilizar manifestantes, nubla el intercambio fructífero y siembra discordia. Los beneficios laborales de los educadores, como la legislación ambiental y la portación de armas, son y seguirán siendo materia de la política interna. En los últimos meses, el Gobierno impulsó la aprobación de cuantiosos préstamos para la educación pública, propuso elevar el porcentaje del PIB destinado al financiamiento del sistema educativo y emitió decretos, tímidos en mi opinión, para restringir la posesión de armas. Quizá sean estas razones, y no las sinrazones alegadas contra el TLC, las que explican la negativa sindical a acudir al diálogo convocado por el presidente Arias.
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