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EDITORIALTres mensajes oportunos El Gobierno, la UCR y la Conferencia Episcopal condenan la confrontación violenta e invocan los valores de la tolerancia y el respetoEl respeto al orden público y al procedimiento legislativo son dos expresiones de coherencia democrática Publicamos ayer tres mensajes al pueblo de Costa Rica que, por su origen y contenido, deben guiar a los diferentes grupos que, en estos días o en los venideros, quieran realizar marchas o manifestaciones públicas a favor o en contra del TLC con EE. UU., Centroamérica y República Dominicana. Nos referimos a los documentos suscritos por el ministro de Seguridad Pública, por la Conferencia Episcopal y por la Universidad de Costa Rica. El titular de Seguridad Pública plantea principios esenciales rectores de nuestra democracia y de las potestades del Estado que, en estos meses, se han cuestionado irresponsablemente, de parte de algunos sectores y dirigentes. La evocación y refrescamiento de estos principios contribuye en gran medida a fijar la responsabilidad de todos los habitantes del país en su cumplimiento. Señalamos algunas de estas instituciones básicas: la legimitidad democrática incuestionable del Gobierno de la República, cuyo cuestionamiento, en escritos y proclamas, se tipifica como delito de sedición. Se ha jugado en demasía con estos valores tradicionales del pueblo de Costa Rica. En segundo lugar, el derecho de todos los grupos sociales a manifestarse públicamente no puede separarse del deber del Gobierno a proteger y garantizar la plena vigencia del Estado de derecho y a mantener el orden público. El ministro Berrocal aporta diversas resoluciones de la Sala IV en este sentido, además de anunciar que la Fuerza Pública estará desarmada, en este tipo de manifestaciones, pero pronta a impedir cualquier alteración del orden público. La Conferencia Episcopal hace hincapié, por su parte, en el valor esencial de la paz, inseparable del funcionamiento del Estado de derecho, y en la correlación existente entre la libertad y la responsabilidad, entre los derechos y los deberes, contra los cuales conspiran la confrontación violenta y el quebranto del orden público. Asimismo, recalca un aspecto olvidado en la política y hasta en el seno de los hogares, cual es la existencia de límites y de limitaciones en toda sociedad que, en modo alguno, se deben traspasar, pues más allá surgen la anarquía, la violencia y el irrespeto a la dignidad humana. La Universidad de Costa Rica, a su vez, formula un llamamiento al “diálogo social y la negociación política en el marco de la libertad de expresión, el respeto y la tolerancia” e invita a actuar “con entereza y buen juicio, con aplomo y decisión, pero siempre a favor de la paz social y la convivencia democrática”. Estos planteamientos corresponden a la gran tradición democrática costarricense. No hay razón alguna para quebrantar estos valores y tradiciones. En suma, se trata de respetar el orden público y de evitar toda expresión de violencia en las manifestaciones públicas, lo cual supone también eliminar la violencia verbal, la difamación y los llamados a la sedición y a la deslegitimación de las autoridades elegidas constitucionalmente, y, al mismo tiempo, observar el procedimiento legislativo. Este se quebranta también con la violencia verbal y con el filibusterismo parlamentario, muestra de temor e irrespeto flagrante a la libertad de los diputados. En esta materia se debe recordar que toda desnaturalización de la función pública –como el filibusterismo– es también una forma de corrupción. En esta coyuntura, la prolongación de la tramitación parlamentaria, después de un debate prolijo y abundante sobre el TLC, como ningún otro en estas décadas, no tiene sentido, excepto el propósito oculto de estimular la violencia externa. Se impone, por lo tanto, observar el procedimiento legislativo y aceptar los requerimientos del sistema democrático.
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