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Versiones encontradas sobre el ambicioso plan Panamá. AFP.Tanto el gobierno como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se han empleado a fondo en los últimos días para disipar cualquier duda sobre la consistencia del proyecto ante las críticas de los opositores. La gigantesca obra va a generar 7.000 empleos directos y 35.000 indirectos, según autoridades. La capacidad del canal será de 17.700 navíos por año y cerca de 600.000 toneladas, frente a las 296.000 del último año. Actualmente, la media de espera en aguas del Canal es de 28 horas en caso de que el barco no tenga reservación, que se reducen a 16 si la tiene. Veinticuatro de los 37 barcos de promedio que cruzan a diario los 80 kilómetros del canal cuentan con reservación, mientras que el resto tiene que hacer fila. Con la construcción de una tercera vía paralela a las dos existentes, las autoridades panameñas quieren captar a los barcos Pospanamax, capaces de transportar 12.000 contenedores. Ni los petroleros ni los portaaviones gigantes cabrán por las nuevas esclusas. En la última década, se han invertido cerca de $100 millones anuales para modernizar las instalaciones y mejorar las prestaciones y operaciones del canal para hacerlo competitivo. Los contra.Pero no todos confían en los beneficios del proyecto que promociona la ACP, y que son avalados por el gobierno del presidente Martín Torrijos. Un estudio realizado por el expresidente de Panamá Jorge Illueca y el exadministrador del Canal Fernando Manfredo, lo descalifica por “costoso, inconveniente y falso”. Para el expresidente Illueca (1984) la propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas no tiene diseños, ni planos finales e integrales de la obra. Adicionalmente, pone en duda los costos finales de la obra, a los que considera muy por debajo de los reales, que en su criterio podrían llegar a alcanzar hasta los $25.000 millones. De la misma opinión son los ambientalistas y detractores del proyecto que el viernes por la tarde salieron a las calles para promover el voto en contra al considerar errado no tanto el fondo, sino la forma y de satisfacer a los intereses de los ricos. “Castigar al gobierno no corresponde a la realidad. Es una propuesta que debe asegurar a este país un mejor futuro y una mejor oportunidad”, advirtió el vicepresidente Samuel Lewis.
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