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Sala de Redacción Sandinistas y ex "contras" ratifican acuerdos de "paz y libertad" Managua (ACAN-EFE). Los sandinistas ratificaron hoy unos acuerdos de "paz y libertad" con una facción de sus antiguos adversarios de la "Contra" de Nicaragua, con miras a las elecciones generales del 5 de noviembre próximo. El acuerdo fue refrendado hoy por el candidato sandinista a la presidencia de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Salvador Talavera. El PRN aglutina a ex combatientes de la "Contra", que financiados por EEUU protagonizaron en la década de 1980 una guerra civil contra los sandinistas. "Este en un acto de reafirmación de la paz, la reconciliación y para poder sacar a Nicaragua de la pobreza", dijo Ortega durante su discurso, en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua. "Ahora hemos dado un paso que yo llamaría de carácter estratégico para el futuro de este país", agregó el ex mandatario nicaragüense (1985-1990) que encabeza la intención de votos, según las encuestas. El 15 de septiembre pasado, ambos colectivos se comprometieron, entre otras cosas, a que "jamás habrá guerra, ni servicio militar obligatorio, confiscaciones de propiedades, ni tarjetas de racionamientos y que nunca jamás serán objetos de incidencia extranjera alguna que conlleve la confrontación armada entre los hermanos nicaragüenses". En los acuerdos de hoy se incorporaron a miembros del extinto Ejército Popular Sandinista y del Ministerio del Interior, señaló Ortega. Talavera, quien es candidato a diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y ahora aliado de los sandinistas, reafirmó que esos acuerdos son para enviar "un mensaje de paz, amor y tranquilidad" a los nicaragüenses. Criticó a sus antiguos aliados de ALN, que respaldan al candidato disidente liberal a la presidencia de Nicaragua, Eduardo Montealegre, por "sembrar una campaña de miedo" con su propaganda de cara a los comicios. Ortega, en su discurso, no se refirió a la denuncia que un organismo de derechos humanos nicaragüense interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en los años 80 contra comunidades indígenas asentadas en el Caribe de Nicaragua.
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