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Vidas separadas

El pasado sudafricano y el presente israelí tienen semejanzas que no son mera coincidencia meras coincidencias

Julio Corvetti
Abogado

Casi cuatro décadas después del triunfo del Estado hebreo sobre los ejércitos árabes en la guerra de 1967, que representó para Israel la mayor anexión de territorio árabe desde su fundación en 1948, la complejidad de su sistema para calificar a los habitantes sigue creando injusticias dolorosas y humillantes.

Un buen ejemplo descriptivo de las consecuencias del absurdo y cruel sistema de clasificación es el caso del palestino Said Rhateb. A este habitante árabe de Israel se le considera ser residente en la parte occidental de Jerusalén, donde nunca ha vivido, y un intruso ilegal por tratar de vivir en la casa donde nació. El Consejo de la ciudad obliga a Rhateb a pagar altos impuestos territoriales sobre su casa, pero sin derecho a vivir en ella. Periódicamente es arrestado por hacerlo. Sus hijos, niños apenas, han sido expulsados de su escuela en Jerusalén; no se le permite registrar un carro a su nombre si no es con placas palestinas, lo que implica la imposibilidad de usarlo porque solamente los vehículos registrados con placas de Israel pueden circular en Jerusalén. Además, necesita autorización para visitar el centro de la ciudad. El ejército israelí es el encargado de concederle un pase no más de cuatro veces al año.

El contraste entre las secciones oeste y este de la ciudad es obvio y chocante. Mientras la población judía, que representa el 70% de los 700.000 habitantes de Jerusalén, goza de múltiples parques públicos para su esparcimiento, 36 piscinas públicas y 26 bibliotecas, los 260.000 árabes que viven en el este de la ciudad disponen de pocos parques, dos bibliotecas y ninguna piscina.

Solo en el papel. Los palestinos en Jerusalén del este, muchas veces el lugar donde nacieron, no son considerados ciudadanos, sino inmigrantes con estatus de residencia permanente, pero lo de permanente es solo en el papel, no en la realidad. El hecho de que fue el ejército israelí el que ingresó a Jerusalén del este, donde está el Muro de los Lamentos, en 1967, no les impide tratar a los palestinos como extranjeros que por siglos habían estado allí.

A lo largo de los años desde la ocupación militar israelí en 1967, los palestinos residentes en Jerusalén les han facilitado las cosas a los israelíes al negarse a votar en las elecciones municipales por el temor de que sus votos se interpreten como un reconocimiento del reclamo hebreo sobre la totalidad de la ciudad. Bajo la ley, tanto árabes como judíos pueden ser considerados ciudadanos, pero a cada uno se le otorga una nacionalidad separada en las respectivas cédulas de identidad, lo cual determina dónde se les permite vivir y cómo serán tratados por los servidores públicos (burocracia) y la Policía.

El último informe anual del Departamento de Estado norteamericano, ciertamente conocido por nunca ser hostil a Israel, concluye que existe discriminación legal e institucional contra ciudadanos cristianos, musulmanes y drusos. Durante el gobierno de Ariel Sharón fueron aprobadas nuevas formas de legislación discriminatoria, tales como la Ley de Nacionalidad e Ingreso a Israel, la cual impide a los israelíes con esposas palestinas vivir en el país.

Hay pocos países en el mundo donde los Gobiernos traman la creación de múltiples leyes sobre nacionalidad y residencia con el propósito de utilizarlas para favorecer a una parte de la población contra la otra. El ejemplo más doloroso de lo anterior fue el infame sistema del Apartheid que prevaleció en Sudáfrica durante 40 años en el siglo pasado.

“Muro Apartheid”. Comparaciones entre el Gobierno blanco de aquel entonces en Sudáfrica y el sistema de control que ejerce Israel sobre las poblaciones árabes que gobierna han comenzado a escucharse cada vez más fuerte. Los oponentes del enorme muro de acero y concreto en construcción a través de la sección oeste lo han calificado como el “Muro Apartheid”. Ha sido comparado con los llamados territorios independientes (“bantustanis”) donde millones de negros –hombres, mujeres y niños– eran enviados como ganado por el Gobierno criminal y racista de Sudáfrica. Cuando el arzobispo y premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, de Ciudad del Cabo, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, visitó Israel hace 3 años y medio, describió lo que vio allí “como muy semejante a lo que nos sucedió a los negros en Sudáfrica”.

Muchos israelíes se indignan frente a las sugerencias de existir paralelismos entre su gobierno y el pasado régimen sudafricano, porque lo sienten como una puñalada en el corazón de su país después de sufrir por siglos odio, persecución y, finalmente, genocidio.

Desafortunadamente, es innegable la existencia de algunas semejanzas que no son, precisamente, meras coincidencias.

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