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EDITORIALAtención al Banco Popular Los privilegios y discriminaciones crean distorsiones en el sistema financieroEl Banco Popular no debe tener ataduras gremiales ni gubernamentales Cuando se creó el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en julio de 1969, se tendió un puente para que los trabajadores pudieran contar con una sólida institución financiera a su servicio, eficaz y rentable. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente. Han pasado buenas y malas corrientes; buenos y malos servicios; buenas y malas utilidades. Se le concedieron privilegios especiales. Y, sin embargo, las utilidades nominales se han reducido significativamente en los últimos años, al punto de que sus estados de resultados prácticamente no arrojan ganancias en términos reales, una vez descontada la inflación. Por eso –y otros aspectos institucionales y administrativos– hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué han bajado las utilidades nominales y se han evaporado las ganancias en términos reales? No pretendemos en este espacio hacer un examen exhaustivo de sus finanzas ni formular recomendaciones específicas. Para eso están la Sugef y los auditores internos, y, también, los representantes gubernamentales. Pero sí podemos identificar, al menos, algunos aspectos que han incidido –y seguirán estando presentes– en la estructura corporativa y la administración del Banco, mientras no se produzcan cambios importantes. Lo primero es llamar la atención sobre estructura jurídico-institucional. El Banco es de los trabajadores –dice la ley– y a ellos corresponde fijar la orientación y las políticas generales de administración. Peor aún, en la más reciente reforma a la ley, adoptada en el 2002, se confirieron plenos poderes a las organizaciones de los trabajadores para sentar las políticas, nombrar la junta directiva y adoptar otras resoluciones importantes. Como resultado, los sindicatos controlan la mayoría y, por ende, las decisiones. Y eso, en sí, politiza y complica el manejo de una institución financiera que es de carácter técnico. Nos parece que esa reforma a la ley debería derogarse y, en su lugar, hacer descansar enteramente la administración en un gerente profesional y en una junta directiva sin ataduras gremiales ni gubernamentales. Lo segundo que llama la atención es el alto nivel de morosidad (créditos malos) que se han registrado recientemente en la institución. La cartera con atrasos a más de 90 días alcanzó los 10.892 millones de colones, con un incremento del 34%. Y eso revela un doble problema: por un lado, laxitud en la selección de deudores con derecho a créditos y, por otro, flacos esfuerzos en la gestión de cobro. Obviamente, esas deficiencias deben corregirse mediante los correspondientes aprovisionamientos, con cargo a las utilidades. Por esa y otras razones, la Sugef modificó la normativa para obligarlos a aprovisionar adecuadamente las cuentas malas, lo cual tiene el efecto de reducir las utilidades para poder preservar el capital. Pero debe tenerse en consideración que esas normas son de observancia obligatoria para todas las entidades. Y, si el Banco Popular se especializa en créditos personales, que pueden ser más riesgosos, debería, quizás, revisar cuál es el nivel de tasas de interés necesario para cubrir losriesgos y seleccionar más cuidadosamente a sus deudores. Las utilidades del Banco también se han visto afectadas por la baja productividad (promedio) de su (cuantioso) personal. Según datos comparativos de la Sugef, tiene actualmente 2.794 para manejar un monto total de 720.000 millones en activos. En cambio, el BCR tiene solo 2.446 empleados que manejan activos por 1.298.000 millones. La utilidad neta por empleado en el popular es de 4 millones de colones, mientras que en el BCR es el doble. Y este mismo banco también duplica el monto total de activos por empleado, los préstamos que otorga cada uno de ellos y el rendimiento neto sobre el patrimonio. La rentabilidad neta del BCR es del 22%; la del Popular fue del 11,8%, similar al índice de inflación. De ahí se desprende que el Banco Popular, si desea competir con éxito, tendría que revisar sus costos, incluyendo la cantidad y calidad de su personal; es decir, mejorar su productividad. Y no es que la ley o la Sugef hayan tratado al Banco Popular con especial dureza. Al contrario, las normas vigentes le otorgan privilegios que no tienen otras entidades públicas ni privadas. Tiene un tratamiento especial en cuanto a los encajes legales que deben mantener en el Banco Central, lo cual redunda en un costo menor en la captación. Se le garantiza un mercado cautivo en la captación del ahorro de los trabajadores, con lo cual disminuye el costo de captación y las necesidades de liquidez. También ha sido favorecido por las leyes tributarias sobre los intereses que paga a sus depositantes y la tarifa del impuesto sobre la renta pagaderos por la institución, más bajos que los de sus competidores. Todo esto le debería permitir competir mejor, pagar menores tasas de interés e incrementar sus utilidades. Pero no ha sido así. Sabemos que los privilegios y discriminaciones crean distorsiones en el sistema financiero y provocan una mala asignación de recursos. Y deben, por tanto, eliminarse. Ese es el principal reto del Banco Popular. En el futuro, debería competir en un plano de igualdad, a base de eficiencia y buena administración, para poder servir a cabalidad a los trabajadores costarricenses.
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