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Incumplimiento y desacato Eugenio Rodríguez V. Excontralor General de la República El 25 de octubre del 2006, el Defensor de los Habitantes a. i. Daniel Soley Gutiérrez presentó una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por omisiones procedimentales y sustanciales del proyecto de Ley de presupuesto ordinario de la República para el 2007. Ese proyecto lo dictaminó favorablemente una mayoría de diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. La situación planteada es muy clara, y así se desprende del alegato presentado a la Sala Constitucional por la Defensoría. No se incluyó en el mencionado proyecto de presupuesto ordinario de la República el monto señalado por la ley para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que es un 20% del impuesto sobre las ventas; la transferencia autorizada apenas llega al 1,54%, algo más de ¢11.000 millones. Desacato reiterado. La decisión del Poder Ejecutivo, respaldada por la mayoría de diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, incumple las disposiciones de la ley y desacata los reiterados pronunciamientos de la Sala Constitucional sobre la materia; pero la gravedad del asunto no es solo jurídica, sino que adquiere mayor relevancia en algo más importante: deja sin financiar programas esenciales en beneficio de la niñez, los adultos mayores, los comedores escolares y otros rubros de parecida importancia. Puede observarse que en los presupuestos del 2000 al 2007, a medida que aumenta el ingreso total estimado del impuesto de ventas, ha venido disminuyendo el porcentaje de las transferencias autorizadas, y disminuyen todavía más las efectivamente giradas. De tal manera, el incumplimiento es reiterado hasta llegar al porcentaje ínfimo para el 2007. Recursos crecientes. Cuando se aprobó en 1974 la ley que creó el Fodesaf, y cuando más tarde se aprobaron normas complementarias para darle sustento, tal vez no se tuvo conciencia plena de los recursos crecientes que llegarían a acumularse. La actitud para hacer frente a la situación ha sido muy sencilla: incumplir el mandato de la ley y los pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales, en vez de afrontar con decisión el problema, y discutir seriamente –en la Asamblea Legislativa– si es mucho o es poco el porcentaje que señala la ley, y si están trabajando bien o no las instituciones de bienestar social. La lucha contra la pobreza debe ser la tarea prioritaria de un gobierno. Nuestra democracia formal está amenazada por el porcentaje alarmante de hombres, mujeres y niños que viven en condiciones que atentan contra la dignidad humana. Comprendo la crisis fiscal y la imposibilidad de resolver todos los problemas al mismo tiempo, pero creo que, mientras tanto, el olvido de las leyes y el desinterés por los mandatos de los tribunales es el peor de los caminos. Como simple ciudadano, apoyo las gestiones de la Defensoría de los Habitantes para que no sufran daño irreparable los programas de bienestar social de todos los costarricenses.
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