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Eliminación de los festejos Gina López, tesorera; Eugenia Quesada, fiscal; Óscar Carvajal, secretario. Las injustas acusaciones que formularon la alcaldesa a. i. de San José, Maureen Clarke, y la presidenta del Concejo, Patricia Marín, imputándole a la Comisión de Festejos una mala gestión, causaron serio perjuicio profesional a los miembros de esta comisión. Nuestra labor fue diligente y muy responsable. Sin embargo, los culpables de no haber podido actuar con la celeridad esperada son precisamente las autorida-des municipales, incluido el alcalde Johnny Araya, a quien en marzo pasado se informó formalmente de la peligrosidad de efectuar los festejos en Zapote, y no nos lo comunicó al momento de conformarnos. También tiene cuota de responsabilidad la Contraloría General de la República ya que el inicio de nuestra labor se vio retrasado en razón de que en el Manual de operaciones para la Comisión de Festejos, emitido por ese órgano en agosto del 2006, se establece que el presidente de la comisión debe suscribir contratos a nombre de su representada sin tener esta personería jurídica. Tal situación provocó la renuncia de sus dos primeras presidentas, quienes se negaron a fir-mar en esas circunstancias. El problema persiste y la Contraloría no ha emitido criterio claro al respecto, pese a las múltiples consultas que le formulamos. El otro gran escollo se presentó a partir de la denuncia que hizo la presidenta inicial, Eugenia Quesada, respecto a la intromisión del alcalde Araya en asuntos que por ley son de resorte exclusivo de la Comisión. A partir de ese momento nos entrabaron toda gestión ante la Municipalidad, incluida la entrega de documentos necesarios para iniciar nuestra tarea. Esta actitud provocó la renuncia prematura de dos miembros iniciales que ostentaban importantes cargos. Se nos imputa falsamente no haber tenido los permisos a tiempo, pero en el dictamen que el Concejo aprobó y que regía nuestras actuaciones, se establece que la Municipalidad tramitaría todos los permisos macro –con Seguridad Pública, Ministerio de Salud Tránsito, etc.– como un todo. Ellos incumplieron y tuvimos que asumir esa tarea rápidamente y a destiempo; para agravar la situación, solo el 10 de noviembre se nos depositó el dinero para la tramitación. En lo que sí reconocemos que fuimos muy cautelosos fue en estudiar los altísimos montos que solicitaban la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad –entre otros– por sus servicios de recolección de basura y vigilancia, respectivamente. El primero ascendía a casi ¢20 millones y el segundo superaba esa cantidad. Con montos tan altos, ¿cómo íbamos a reportar las ganancias esperadas? A la ciudadanía se informó sobre una supuesta mala actuación de parte de la Comisión de Festejos, pero no se indicó el sustento de tan errada afirmación. Tampoco se ha querido profundizar en los aspectos que año a año han incidido en un bajo rendimiento económico de estas festividades.
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