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EDITORIALCaos urbano Un mal social que diagnostica la falta de visión y de acción de gobiernos, diputados y regidoresEsta situación agobiante exige un cambio radical de mentalidad y de capacidad de gestión El reportaje de ‘La Nación’ de ayer sobre la concentración demográfica en la Gran Área Metropolitana (GAM) nos ilustra sobre una situación crítica, nos alerta –al Estado y a la sociedad civil– para actuar con responsabilidad y sin demora, y a la vez sirve de diagnóstico político. Basado este reportaje en los datos emanados del Informe estado de la nación y en el Informe Geo de la GAM, publicado este año por la Universidad de Costa Rica, las conclusiones sobre la competencia gubernamental y legislativa, así como sobre la capacidad de estudio y acción de los partidos políticos y de los gobiernos locales, resultan irrefutables. La GAM comprende, de este a oeste, desde Paraíso, en Cartago, hasta Atenas, en Alajuela, y, de norte a sur, desde Barva, en Heredia, hasta Aserrí, en San José. En total, son 2.044 kilómetros cuadrados –el 4% del territorio nacional (51.100 km cuadrados)– para dar cabida a 2,4 millones de habitantes. Si esos datos son de por sí suficientemente significativos, la preocupación aumenta al tomarse nota de que en solo 11 años, de 1994 al 2005, la población se duplicó con la misma celeridad e indiferencia estatal como creció en Costa Rica el número de vehículos a tontas y a locas, sin proponerse un plan vial racional, o como se ha palpado el desmejoramiento de la educación pública sin atacar el mal en sus causas, o como aumentó la inseguridad ciudadana mientras el Ministerio de Seguridad Pública se administraba como una pulpería. Esta sobrepoblación, vertiginosa en pocos años, nos afecta a todos y en los más diversos órdenes de la vida. Como informamos ayer, el 57% de la población que habita la GAM debe lidiar con redes viales colapsadas, desorden urbano, deficientes sistemas de alcantarillado, agua contaminada, mal manejo de los desechos sólidos, contaminación y, por supuesto, falta de autoridad y auge de la delincuencia. En esas condiciones y volviendo la vista atrás, no es del todo descaminado preguntarse qué hacían los gobiernos, los diputados, los partidos políticos, las municipalidades y aun los mismos colegios profesionales cuando, ante el espectáculo de esta hipertrofia con tantas caras, era dable adivinar las consecuencias económicas y sociales, así como en punto a la calidad de vida. El aquí y el ahora, la visión de corto plazo o parcial, la faena diaria y el pago de la planilla han entorpecido, al parecer, la capacidad de formular preguntas, de ver, reaccionar y examinar, de deliberar, de imaginar y planificar. Ni siquiera se atendieron las llamadas de atención y los informes de diversos grupos profesionales o académicos, del sector público y del privado, ni los reportajes en algunos medios de comunicación social acerca de la proximidad de una grave crisis social. Como esa miopía se ha repetido en muchos problemas nacionales de vastos alcances, es claro que se trata de un problema estructural, político, institucional y gerencial, cuyas consecuencias estamos y seguiremos recogiendo. La reforma del Estado y la reforma del sistema político son tareas, por ello, que los propios hechos se encargan de exigir. La ineficacia del régimen municipal por décadas, atacada de manera incierta y miope por gobernantes y diputados en estos años, se refleja en las conclusiones y datos del reportaje sobre la GAM en estos 11 años. Viene ahora, el próximo domingo, la elección de alcaldes. La desafección popular ante esta nueva instancia democrática nos demuestra que las fallas en la cumbre cobran una elevada factura en las bases. Esta elección no augura un cambio radical, excepto que surja el milagro de la puesta en marcha del nuevo plan regulador de la GAM, lo cual requerirá un liderazgo vigoroso del gobierno y de los municipios. Ojalá se haga.
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