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/LA NACIÓN

En dirección humana

Tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es o cómo definimos corrupción

Róger Churnside
chimi00@racsa.co.cr
Economista

En un artículo reciente (9/11/06), demostré que el escrito por el presidente Arias en esta página intitulado “Corrupción y democracia”, es –ni más ni menos– una oración. Además, sostuve que ese ejercicio tiene una deficiencia en su dimensión humana, al solo nombrar –sin definir– la “corrupción”, su tema y problema central: al estar indefinido o mal definido, se dificulta la coordinación de ideas para entenderlo, igual que las acciones para resolverlo.

En otras palabras, don Óscar parece definir (implícitamente) corrupción como delitos (hechos así tipificados por ley), razón por la cual asigna su tratamiento principalmente al Poder Judicial; mas, si se entendiera (como pienso yo) que se refiere a hechos no tipificados por ley como delitos (aunque son perjudiciales, ofensivos y hasta repugnantes para la sociedad), en nuestro sistema de derecho –basado en la ley escrita– no podrían ser manejados por los jueces.

Dicho todavía de otro modo: si “corrupción” designara actos reñidos con el interés y el bien colectivos, que escapan a las leyes (deslizándose entre ellas), porque no fueron previstos, quedarían impunes en la mayoría de los casos.

Por tanto, es importantísimo que en nuestra sociedad nos pongamos de acuerdo sobre qué es –o cómo definimos– corrupción.

Entenderla como “delito”, manteniendo nuestro sistema de derecho basado en la ley escrita, es un callejón sin salida: es imposible prever todos los hechos que ofenden a los ciudadanos y dañan su convivencia; por tanto, si no concedemos a los jueces la potestad de aplicar su discrecionalidad ante hechos no tipificados (explícitamente) como delitos, tendríamos que resignarnos a su impunidad. Por otra parte, dicho cambio sería una verdadera revolución social, cuya viabilidad habría que valorar cuidadosamente en nuestra cultura. Otra opción sería promover transformaciones morales y crear mecanismos éticos para disminuir los hechos antisociales no tipificados como delitos, manteniendo nuestro sistema de derecho basado en la ley. Para esto, sería necesario ponernos de acuerdo sobre qué es “moralidad” y qué es “ética”; y, si bien ese trabajo es especialidad de filósofos y teólogos, todos los ciudadanos tendríamos algo que decir al respecto.

De lo moral y lo ético. Yo pienso que lo “moral” debe ser entendido como criterios para elaborar juicios personales sobre bien y mal en la intimidad de nuestras conciencias; ellos se basan en el leal saber y entender de cada individuo, consultando con su Dios, si tiene uno. Por otro lado, creo que lo “ético” se refiere a la aplicación y coordinación de esos criterios en nuestras relaciones interpersonales. Y es necesario destacar que lo “moral” y lo “ético” son diferentes, aunque se afectan y condicionan mutuamente. Además, ambos corresponden al ámbito de la discre- cionalidad, la primera del individuo y la segunda de la concurrencia voluntaria entre individuos. Eso significa que en lo “moral” y lo “ético”, cada ser humano es libre. Adopta y comparte ciertos criterios sobre bien y mal por voluntad y responsabilidad propia: no es coercido por otros a aceptarlos y aplicarlos; la coerción atañe a lo “legal”. El significado o la consecuencia de ello es que lo “moral” y lo “ético” no pueden ser cambiados por legislación; solo pueden ser transformados con educación, persuasión y motivación.

Desde esa perspectiva, y tomando en cuenta esos criterios, se podría revisar, aclarar y mejorar la dimensión horizontal o humana de la oración de don Óscar. Es posible que el Poder Judicial sea impotente para corregir la corrupción. Tal vez no se trata de que el Presidente y sus colaboradores unilateralmente decidan –y simplemente digan a los ciudadanos– “lo que deben saber y no lo que quieren oír”. Quizás se requieren ejemplos personales que inspiren y convenzan, como el de su más reciente colega Nobel de la Paz, Muhammad Yunus.

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