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Puentes que contaminan Salomé Murillo González salomemurillo@gmail.com Abogada Costa Rica es reconocida por su vocación ambiental. En Latinoamérica, fue de los primeros en reconocer la importancia de proteger los recursos naturales y en aplicarla en sus políticas. El turismo es el principal generador de divisas y es deber del Ministerio de Ambiente hacer esfuerzos para frenar el deterioro acelerado del entorno, para revertir ese proceso y lograr mejor calidad de vida para los habitantes. Debido a la política ambiental, las municipalidades o autoridades regionales se han visto obligadas a emitir limitantes al ejercicio de ciertas actividades, para evitar contaminación ambiental, sónica, iónica e hídrica. No obstante, en contaminación odorífica, visual y lumínica no se ha actuado con prontitud. Más bien parece tema de tratamiento incipiente, solo en las aulas universitarias, donde se traen a colación las experiencias de países más desarrollados, que ya se han visto obligados a regular estrictamente este tipo de contaminación, como la Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica de Chile, de 1999, para proteger la calidad astronómica de sus cielos. Y la Declaración de los Derechos de las Generaciones Futuras de la Unesco, que dispone: “Las personas de las generaciones futuras tienen derecho a una tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro”. Asedio visual. Aquí hemos visto recientemente la proliferación de rótulos, vallas publicitarias, logos, pancartas, etc., de impacto negativo en la percepción visual por alteración del entorno natural, histórico y urbano, que deteriora la calidad de vida, ya que la principal consecuencia es el “estrés visual”, que puede alterar las reacciones psicofísicas del hombre. Y es que, con el crecimiento económico, se achica el mercado y aumenta la pelea por ganar espacios publicitarios, lo que ocasiona una manifestación caótica y saturada de objetos visuales en el espacio público. La problemática con este tipo de contaminación no es competencia solo del Minae, sino también de las municipalidades, encargadas del ordenamiento urbano, y del MOPT, porque la Ley de Tránsito y Vías Públicas y su reglamento regulan todo lo relativo a la colocación de publicidad en vías públicas. Pero hay decisiones que desconciertan. No entiendo cómo por un lado se habla del turismo, de protección del ambiente y del derecho a la salud, cuando estamos dispuestos a reformar leyes solo para que, a cambio de puentes peatonales o paradas de buses, empresas privadas nos contaminen visualmente con publicidad. ¿Es que los ciudadanos debemos pagar la incapacidad del Estado para ejecutar obras públicas como corresponde?
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