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Economía, (in)seguridad e (in)justicia Alejandro Urbina aurbina@nacion.com Director Los indicadores reflejan una economía saludable y con buen rumbo. Sin embargo, al menos dos factores, (in)seguridad e (in)justicia, frenan el impacto de la vigorosa economía en la calidad de vida de los ciudadanos. Casi todos los índice económicos apuntan en la dirección correcta. La producción (según el Índice Mensual de Actividad Económica) crece a una tasa anual del 8,7% (setiembre a setiembre). Los salarios mínimos reales aumentaron un 2,4% de octubre a octubre; hace un año estaban estancados. Decrecieron en 10.000 las personas desocupadas (datos a julio), un descenso del 8%. La estabilidad económica también mejora. La inflación acumulada en los últimos doce meses (octubre a octubre) descendió del 14% al 10%. La devaluación del colón frente al dólar también se ha moderado. En noviembre del 2005 el colón perdía un 8,5% de su valor frente a la moneda estadounidense. El tipo de cambio de referencia al viernes pasado refleja un devaluación de solo el 5% contra el valor del mismo día del año anterior. También parece que en el futuro el panorama económico continuará positivo. Al menos, la tendencia en las tasas de interés así lo indican. La tasa básica pasiva (el promedio del interés que pagan los bancos por depósitos a seis meses) continúa a la baja. El 27 de noviembre de 2005 había crecido al 15,75% del 14% vigente 12 meses atrás. Esta semana, el indicador cayó por cuarta vez en el mes para situarse en un 11,50%; una disminución de casi una cuarta parte en el interés respecto al de hace un año. La llegada de los vientos navideños y las perspectivas del aguinaldo también reaniman el espíritu. Sin embargo, las últimas decisiones judiciales, el incremento en la criminalidad y su impunidad causan una angustiosa desazón. El Estado costarricense, especialmente las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos, ha defraudado. El gasto público en seguridad lo despilfarran en mayonesa e inservibles patrullas. Los antisociales (ladrones y asesinos en buen castellano) actúan a su antojo cada día de forma más violenta. Cuando los aprehenden, se escapan con facilidad, los liberan por tecnicismos y, si acaso, cumplen condenas por condescendientes leyes a favor de los pillos. Aun en el ámbito civil, la seguridad jurídica se ha deteriorado. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Justicia ni el de Seguridad brindan servicios con la calidad que merecemos los costarricenses y por la que pagamos impuestos. El deterioro en la seguridad ciudadana y en el sistema judicial puede ya estarse reflejando en las estadísticas. El turismo es más sensible al deterioro en las condiciones sociales que los propios habitantes. La caída en la llegada de turistas (75.000, un 4,8% menos a setiembre) observada este año podría obedecer, en parte, al recrudecimiento de la inseguridad tanto física como jurídica. El indicador sirve de alarma. Todos, ciudadanos y gobernantes, debemos reflexionar cómo revertir el deterioro en la seguridad no solo para mantener la llegada de extranjeros al país, una loable fuente de riqueza, sino para impedir que nuestra juventud tenga que buscar otros horizontes. Las condiciones económicas de Costa Rica están lejos de convertirse en “confites en el infierno” como ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Sin embargo, ya la (in)seguridad y la (in)justicia ensombrecen lo que sería un radiante futuro.
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