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Foto Principal: 1428685
La carta de ayer del fiscal Molina responde a un pedido anterior del presidente del INS.
Reproducción La Nación
Ministerio Público planteó exigencia escrita sobre reaseguradora

Fiscal impide al INS divulgar expediente del caso PWS

Dice a Constenla que no revele legajo aunque le presenten recursos de amparo
Sala IV obligó al INS, desde el 2005, a entregar información de reaseguradoras

Giannina Segnini
gsegnini@nacion.com

Tres fiscales del Ministerio Público le advirtieron al presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, que “ni aunque le presenten un recurso de amparo” debe divulgar un paquete de información recibido esta semana de la reaseguradora londinense PWS.

Así lo confirmó Constenla cuando este diario le solicitó una copia de los documentos. “Me advirtieron (los fiscales) que de conformidad con la normativa, estoy inhibido de entregarle esa información a nadie en virtud de que es parte de un proceso penal”, explicó el jerarca del Instituto.

Próxima gestión

Fiscalía adelanta que secuestrará documentos sobre la reaseguradora londinense PWS

Desde el 6 de abril del año pasado, ante un recurso de amparo interpuesto por La Nación, la Sala IV obligó al INS a entregar los documentos relacionados con las reaseguradoras y confirmó el carácter público de la información.

Warner Molina Ruiz, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, confirmó ayer que hicieron una “petición respetuosa” a Constenla para que no haga públicos los documentos.

“Lo que hicimos fue una petición vehemente y respetuosa de no entregar la información hasta que nosotros no la analicemos porque es relevante para una causa penal y, si de esa información se desprenden diligencias de investigación, podría echarse a perder”, explicó.

El fiscal Molina no explicó cuál es el fundamento jurídico de la solicitud al INS y tampoco quiso responder si, tratándose de una petición, es de carácter discrecional para Guillermo Constenla la decisión de entregar los documentos.

Constenla insistió, en todo momento, en que si la decisión estuviera en sus manos entregaría la información porque la considera pública, pero alegó que tiene que atender “un mandato judicial”.

“Yo soy respetuoso de lo que el Poder Judicial y sus órganos me ordenen y obviamente La Nación estará en todo su derecho de acudir a las instancias que correspondan y si es del caso que se me ordene entregarla”.

El presidente ejecutivo del INS informó, además, que los fiscales le mencionaron la existencia de jurisprudencia que lo obliga a no entregar los datos.

Constenla pidió esa justificación por escrito a la Fiscalía.

Ayer, el fiscal Molina le envió una carta a Constenla, en la cual le pide “mantener bajo reserva la información” sobre PWS.

También adelanta que próximamente la información será secuestrada por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial.

Esperada información.La información recibida esta semana desde Londres había sido negada durante meses por la corredora de reaseguros londinense PWS.

Hasta el año 2005, PWS era el único corredor contratado por el INS para colocar, entre reaseguradores en el mundo, la póliza U-500 que cubre todos los bienes del ICE, valorados en unos ¢4.200 millones.

El reaseguro es otra póliza que compran los aseguradores, en este caso el INS, para cubrirse en caso de que ocurran grandes pérdidas.

El Instituto reaseguró, mediante PWS, un 98% de los riesgos del ICE. Sin embargo, pagó primas infladas, según comprobaron una investigación de este diario y un informe de la Contraloría General de la República.

PWS es la misma compañía que entre setiembre de 1999 y octubre del 2000 giró al menos dos cheques por $150.000 a la cuenta panameña de la empresa Inversiones Denisse, en la que el expresidente Miguel Ángel Rodríguez recibía dineros del exterior. El exmandatario aún no ha dado explicaciones sobre la razón de esos depósitos.

Sala IV ordenó entregar información

De carácter público

Un fallo de la Sala Constitucional ordenó al INS, desde el 6 de abril del año pasado, entregar la información relacionada con los contratos de reaseguros.

El fallo 2005-03673 se produjo a raíz de un recurso de amparo presentado por La Nación, ante la negativa de Instituto para entregar la información.

La sentencia estableció que “No puede el Instituto Nacional de Seguros, como ente autónomo estatal, refugiarse en las particularidades de su “actividad de derecho privado” para denegar a un medio de comunicación colectiva datos que involucran la inversión de dineros que provienen del erario público”.

“Y no se trata de cantidades insignificantes, –agregaron los magistrados– sino de miles de millones de colones, de modo tal que existe una relación proporcional entre el monto de los fondos públicos involucrados, y la necesaria transparencia en la actuación del ente estatal, traducida en apertura hacia los cuestionamientos y requerimientos de información de los medios de comunicación colectiva”.

La Sala IV concluyó que los principios constitucionales de la transparencia y la publicidad como regla de toda actuación o función administrativa, y la condición de “casas de cristal” de los órganos y entes públicos, sujetos a escrutinio y fiscalización de los administrados imponen el acceso a la totalidad de la información requerida.

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