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Otra promesa incumplida

Si Francisco Dall’Anese no cumple hasta el final, defraudará la esperanza de la gente

Roberto J. Gallardo N.
rjgallardo@gmail.com
Politólogo

En el ámbito de la función pública, la credibilidad es fundamental. Esta es una virtud frágil, que se desvanece con facilidad. En un sistema democrático, la pérdida de la credibilidad en las instituciones públicas es normalmente el inicio de procesos de deslegitimación que generan un gran escepticismo ciudadano. Las razones por las cuales se produce esta pérdida son múltiples. Pero, sin duda, una de las más importantes tiene que ver con la actuación de los jerarcas de las instituciones. Y una de las cosas que más se les cobra a quienes dirigen entidades públicas es la falta de congruencia.

Un ejemplo típico de la falta de congruencia es el caso de las promesas incumplidas. ¿Cuántas veces hemos oído al ciudadano quejarse del político que dice una cosa en campaña y hace otra una vez alcanzado el poder? Desafortunadamente, la desesperanza que esto produce se traslada a las instituciones que esos políticos lideran, lo que deriva en pérdida de legitimidad y el debilitamiento del sistema democrático.

Cualquier funcionario público. En este punto es imprescindible hacer algunas precisiones. Primero, cuando se habla de políticos, no se limita a quienes hayan sido elegidos por medio del voto popular, sino que se incluye a todo funcionario público en puestos de duración determinada, en cualquiera de los poderes de la República. Segundo, el incumplimiento de promesas no se refiere únicamente a las que se hacen de manera explícita, sino que incluye a quienes abandonan causas en las que la ciudadanía ha cifrado grandes esperanzas.

Es el caso del Ministerio Público, la actuación de Francisco Dall’ Anese, aunque no exenta de excesos, recibió el beneplácito de la población en general. Las acciones penales que inició en contra de connotadas figuras de la política nacional concitaron un gran respeto, pese a la incomodidad que pudo haber producido una cierta rudeza en la ejecución de algunas de ellas. Sin embargo, la mayor parte de los costarricenses aprobó lo actuado, teniendo claro, eso sí, que este era apenas el inicio de un largo proceso.

Al frente de este litigio siempre estuvo el Fiscal General. Con el apoyo de un grupo de profesionales que siempre trabajó precisamente a la sombra de su conspicuo jefe, el Lic. Dall’Anese aprovechó cada oportunidad mediática para exponer su caso, lo que transmitió a los costarricenses una sensación positiva, la esperanza de que en esta causa no habría impunidad. El aplauso que la gente le brindó al Fiscal en una marcha en contra de la corrupción y el que su nombre incluso se mencionara en cierto momento como “presidenciable”, es el resultado directo del papel protagonístico que asumiera el jefe del Ministerio Público.

Fundamental congruencia. Pero está claro que el proceso no ha concluido. Aparte de la discusión de por qué casos que parecían, al menos en la prensa, tan contundentes no han sido presentados formalmente ante los tribunales, es fundamental que exista una congruencia por parte de los responsables del proceso. Por eso sorprende que el licenciado Dall’ Anese haya postulado su nombre para el puesto de magistrado de la Sala III. Obviamente toda persona tiene derecho a aspirar a mejorar profesionalmente, pero, cuando se es funcionario público y sobre todo uno tan público y notorio como Francisco Dall’Anese, hay otras consideraciones que deben hacerse. Retirarse antes de finalizar el proceso en contra de los expresidentes lo expone, y también a la institución que representa, a suspicacias que pueden dañar tanto su imagen como la credibilidad del Ministerio Público. Sumado a esto, el apoyo imprudente de un partido político que ni siquiera tuvo la cortesía de esperar a que se llevaran a cabo las audiencias con los otros aspirantes y que, además, siempre criticó este tipo de postura en el pasado, ha tornado esta elección en un asunto político.

Todavía hay tiempo de corregir. Ojalá don Francisco recapacite. Hace dos años adquirió ante el país una responsabilidad. No cumplirla hasta el final es defraudar la esperanza de la gente. Sería, en esencia, otra promesa incumplida.

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