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Diputados revisarán restricción a las empresas encuestadoras Magistrados del TSE creen que regulación puede crear conflictosCongresistas buscan criterios de diversas personas para decidir Ana Lupita Mora lumora@nacion.com La Comisión de Reformas Electorales del Congreso decidió escuchar a las partes que se han manifestado contra sus pretendidas restricciones a las empresas encuestadoras durante las campañas políticas. Los diputados de la Comisión acordaron recibir en audiencia a Carlos Paniagua, de la empresa Unimer; Gustavo Araya, director de opinión pública de Cid Gallup; Édgar Gutiérrez, director de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, y a Fernando Castillo, procurador constitucional. El fin es que se refieran a las mociones que modifican los artículos 132 y 133 del Código Electoral, en torno a la publicidad y transparencia de las encuestas y sondeos de opinión, y el acceso a la información de tablas estadísticas que producen las encuestas. El grupo parlamentario aprobó el 16 de noviembre una moción del presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco, que, entre otras disposiciones, establece la obligación de las encuestadoras de entregar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la base de datos sobre el estudio de opinión publicado por los medios. El diputado Fernando Sánchez, impulsor de la moción, explicó que procuran tener un fundamento técnico y constitucional, para “repensar la pertinencia o redireccionar el contenido” de las reformas presentadas por Pacheco. Magistrados. Además, los magistrados del TSE enviaron una carta a la Comisión, en la que expresan inquietudes sobre lo acordado. “Lo relativo a las encuestas electorales es un tema delicado, toda vez que, por una parte, su manipulación puede distorsionar una sana y equitativa competencia electoral, y por la otra, su regulación puede crear conflictos entre los legítimos intereses de las empresas que las elaboran y los medios que las difunden, cuya actividad lícita representa el ejercicio de derechos fundamentales garantizados constitucionalmente”, señala el TSE. Agrega que lo acordado genera malestar, sobre todo entre las empresas, acerca de la obligación de registrar datos ante el TSE.
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