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Instituciones exigen a documentos innecesariosLey contra exceso de trámites es letra muerta Para construir en San José, cinco entidades piden 20 requisitos de másCCSS pide constancias de niños nacidos en sus propios hospitales Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com Para poder construir una casa en San José y dotarla de agua, luz y teléfono, cinco instituciones públicas exigen 20 requisitos (de un total de 33) que los usuarios no deberían tramitar. Por ejemplo, el AyA, la Municipalidad de San José y el Banco Popular mandan al interesado al Registro Nacional a conseguir certificaciones de la propiedad.
Tal práctica se contrapone a la Ley de protección al ciudadano del exceso de trámites, según la cual las entidades no pueden solicitar a los usuarios constancias emitidas por otras instituciones. Más bien, las dependencias estatales deben tener enlaces con oficinas como el Registro para obtener la información deseada. La Ley también prohíbe exigir dos veces un mismo documento o enviar a un usuario a varias oficinas para hacer un solo trámite. Aunque la normativa entró a regir en marzo del 2002, muchas instituciones aún no la cumplen. Uno de los problemas es que la Ley no fija sanciones, destacó Kevin Casas, ministro de Planificación. El jerarca dijo que el proyecto Gobierno Digital permitirá conectar las bases de datos de las instituciones de manera que puedan consultar, en línea, información como constancias civiles. Tatiana Cruz, subdirectora de Simplificación de Trámites del Ministerio de Economía, añadió que otra dificultad es que la gente teme exigir el cumplimiento de la Ley. Dicha dirección capacita a las instituciones en esta materia. Algunas municipalidades, como la de Heredia, ya lograron conectarse con el Registro Nacional para consultar certificaciones. Exceso. Para este reportaje, La Nación consultó los requisitos exigidos por la Municipalidad de San José, Acueductos y Alcantarillados (AyA), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Banco Popular (para un crédito de construcción). Entre los trámites que se oponen a la ley, figuran constancias de matrimonio del Registro Civil, copias de planos de catastro y certificaciones de cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Además, el Banco Popular y el ICE exigen copia de la cédula aunque el usuario la haya aportado antes para tramitar cuentas de ahorro o líneas celulares. La municipalidad también envía al usuario a otra ventanilla dentro del mismo edificio a obtener constancias de uso de suelo. En cambio, la CNFL ya no pide certificación de propiedad, aunque sí copia del permiso municipal. Complicada afiliación. Si un contribuyente quisiera asegurar a un hijo pequeño, la CCSS le exige constancia de nacimiento del Registro Civil aunque el menor haya nacido en un hospital de la propia institución. Si el hijo es mayor, la CCSS manda a obtener certificaciones de estudios en colegios y universidades y, si se trata de asegurar a una compañera, la Caja pide hasta constancia de pensión alimentaria emitidas por el Poder Judicial. Además, si el recibo de agua no está a nombre del interesado, la CCSS aún pide certificación de residencia de la Guardia Rural.
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