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EDITORIALLa Caja y la Sala IV Con presupuestos limitados, es indispensable establecer prioridadesLos magistrados deben evitar el riesgo de administrar la institución La salud es un derecho de todos. De esto, no cabe duda, y, en un sistema solidario como el de Costa Rica, la contribución de los afiliados a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), más los aportes directos del Estado al Ministerio de Salud y otras entidades que inciden en la calidad de vida de la población, constituyen el acervo fundamental de recursos para convertir ese derecho en realidad cotidiana. A pesar de los problemas que existen en este entramado institucional, debemos sentirnos satisfechos de que, en general, la prevención y la atención estén al alcance de una inmensa mayoría de la gente. Desgraciadamente, sin embargo, tanto en la salud como en otros ámbitos de la vida y los servicios públicos, las necesidades exceden por mucho a los recursos y posibilidades. Los presupuestos son finitos; las demandas por atención y medicamentos, crecientes y casi infinitas: cada logro genera nuevos parámetros y, por ende, nuevas aspiraciones o exigencias percibidas. De aquí, la trascendencia de una buena administración de los servicios de prevención y salud, especialmente en su gran proveedor, la CCSS. Sabemos que en esta materia existen y han existido carencias y fallas; incluso, que la corrupción ha producido enormes daños. Sobre esto, La Nación ha estado en la primera línea de denuncia. Sin embargo, también sabemos que ni siquiera la gestión más perfecta podrá, nunca, atender todas las necesidades. De aquí el imperativo ineludible de establecer prioridades y tomar decisiones a partir del conocimiento integral de los retos. Por lo anterior, vemos con inquietud una serie de decisiones de la Sala Constitucional, que prácticamente equivalen a asumir potestades de administradora de la Caja. Nos referimos a algunas resoluciones sobre recursos de amparo que, al ordenar taxativamente otorgar determinados –y, normalmente, muy caros– medicamentos o procedimientos a grupos relativamente pequeños de pacientes, pueden distorsionar el adecuado orden y el cumplimiento de prioridades establecidos por la institución. El tema, sin duda, es delicado. Cuando hablamos de salud, hablamos de seres humanos concretos, algunos, como quienes padecen cáncer de mama, en situaciones límite, en las cuales un tratamiento específico puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por esto, nuestro señalamiento desde ningún concepto pretende desconocer la dimensión humana de cada situación, ni objetar el derecho de cada ser y sus familiares a buscar, por cualquier medio legítimo posible, la posibilidad de vencer las enfermedades. El problema, sin embargo, es que, cuando los recursos son limitados, lo que se destina a una necesidad implica, por desgracia, descuidar otras. Es parte de la angustiante tarea de administrar la salud. Pero la mejor forma de hacerlo no creemos que sea mediante decisiones de un tribunal, sino con adecuado planeamiento, evaluación y ejecución de los especialistas y responsables directos, particularmente en el Ministerio de Salud y la CCSS. Como hemos publicado en ediciones recientes, es importante considerar, por ejemplo, que esta última institución debe dedicar el 1% del presupuesto total de medicamentos a la atención de 31 pacientes con cáncer de mama, y 5% a 2.900 pacientes de sida. En este último caso, además, es conocido que muchos extranjeros ya enfermos del síndrome vienen al país para afiliarse a la Caja y, a los pocos meses, se benefician del sistema solidario, de forma injusta para el resto de los cotizantes. Hasta ahora no se ha llegado a una crisis inmanejable por estas situaciones, aunque sí se han debido desatender otras prioridades, con efectos desconocidos. Pero, si no se busca una manera más equilibrada para resolver los casos concretos, el sistema de salud podría verse sumamente afectado, y las consecuencias, aunque más anónimas, podrían afectar a decenas de miles de ciudadanos. Esto es lo que deberían tomar en cuenta los magistrados de la Sala Constitucional, y lo que las autoridades de la Caja deberían hacer ver mientras, a la vez, se esfuerzan por tener la mejor administración posible.
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