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Plan para prohibir armas en ciudades salvadoreñas Saca apoya medida en los 20 municipios más violentos del paísProhibición se mantendría entre seis meses y un año en grandes urbes San Salvador. AFP y ACAN-EFE.Con el fin de frenar la violencia que azota a El Salvador, diversos sectores reclaman al gobierno, al Congreso y a la Corte de Justicia que prohíban temporalmente el porte de armas de fuego por civiles en los 20 municipios más castigados por este flagelo. “Vamos a recomendar a los tres poderes del Estado que, en conjunto, se definan en el corto plazo medidas para prohibir a civiles la portación de armas de fuego en 20 municipios que son considerados los más violentos del país”, dijo el coordinador de la llamada Comisión de Seguridad para la Paz Social, Mauricio Loucel.
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, dijo que en principio estaría de acuerdo con la propuesta de desarme. La comisión, en la que se incluye a representantes de las iglesias, universidades o empresarios, fue nombrada por el gobierno con el propósito de que elabore propuestas para acabar con la violencia. Urbes. Loucel explicó que de momento se considera que la medida de prohibir el porte de armas de fuego puede mantenerse por un lapso de unos seis meses o un año en los veinte municipios más afectados, entre ellos, la capital San Salvador y otras grandes urbes del país como Santa Ana y Sonsonate (ambas en el oeste) y San Miguel (este). Según la Policía Nacional Civil (PNC), de enero a octubre hubo 3.076 homicidios, superando los 3.043 del mismo período de 2005. Se prevé que la comisión multisectorial entregue su propuesta en los próximos días al presidente Saca y a los presidentes del Congreso, Rubén Orellana, y de la Corte Suprema, Agustín García. Saca considera, pese a que aún no ha recibido la propuesta, que la misma “es interesante”. “Vamos a reunirnos con la comisión para ver cómo operativizar el hecho de despistolizarnos, principalmente de armas ilegales, y hacer una veda de armas en los 20 municipios donde hay más criminalidad”, dijo Saca. En tanto, y antes de que la comisión sugiriera prohibir el porte de armas de fuego, la procuradora de Derechos Humanos, Beatrice Alamanni, consideró que “no es razonable exigir” a la ciudadanía que no lleve armas de fuego si estas son legales, para su protección, tomando en cuenta que “el sistema de seguridad pública no ofrece garantías de protección confiables”. “Se exige al Estado, en especial a las instituciones responsables de la seguridad pública, policía y fiscalía, que den muestras concretas e inmediatas de su capacidad real de manejo de la delincuencia. Solo así se tendría solvencia moral para pedir a la sociedad civil su desarme”, señaló Alamanni. Según distintas fuentes, en el país se registran en diez y doce asesinatos como promedio diario, desde hace unos tres años. Saca destacó también la necesidad de aumentar el presupuesto de seguridad pública.
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