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Foto Principal: 1426033
Laboratorios Echandi realiza pruebas de laboratorio para algunos colegios privados.
Eyleen Vargas
Se realizan al azar o ante sospechas de consumo

Colegios privados aplican prueba de consumo de drogas

Padres deben firmar aceptación al matricular a sus hijos en estos centros
En casos positivos, se aplica tratamiento y si alumno reincide, debe dejar el centro

Mercedes Agüero R.
maguero@nacion.com

Colegios privados del país exigen a sus alumnos someterse a pruebas doping (examen de orina) para detectar el consumo de drogas.

Algunas instituciones requieren estos chequeos desde hace cinco años y aseguran tener excelentes resultados ya que los estudiantes se abstienen más de probar esas sustancias.

Costo Testigos

Las pruebas las hacen laboratorios y cuestan entre ¢3.000 y ¢14.000, que pagan los padres

“Es muy doloroso llegar a un laboratorio y pedir una prueba ‘doping’ para mi hijo, pero cuando obtienes el resultado negativo sientes un gran alivio. Esto es una ayuda para los padres”.

Marisela Elizondo

Madre alumno

“Aplicamos las pruebas solo ante sospechas de consumo y esto va ligado con políticas de prevención. Los muchachos al saber que en cualquier momento los mandan a un laboratorio se cuidan más”.

Carlos Fernández

Director, Saint Francis

También han encontrado gran aceptación y apoyo de parte de los padres de familia.

Entre los centros que aplican estas pruebas están: colegio Bilingüe San Judas Tadeo en barrio don Bosco, Panamericano en Pozos de Santa Ana, colegio Bilingüe Enrique Malavassi Vargas en Coronado, Centro Educativo Angloamericano en Tres Ríos, Saint John en Alajuela y Saint Francis en Moravia.

Mientras el colegio Salesiano don Bosco, en Zapote, piensa implementarlo próximamente.

En el Saint John, por ejemplo, se incluyó la prueba desde hace cinco años y a la fecha, solo dos colegiales han dado positivo.

Ambos lograron rehabilitarse. “Uno de estos muchachos es hijo de un empresario y el papá jamás creía que tuviera problema de drogas”, comentó Gerardo Arias, director del colegio.

En ese centro educativo se aplica el doping trimestralmente a cinco alumnos –uno de cada nivel– seleccionados a la azar.

También ante las sospechas de adicción en un estudiante.

El último estudio de la Clínica del Adolescente dado en junio reveló que el consumo de drogas en la población estudiantil pasó de 1% a en 1991 a 10% en el 2005.

Contrato.La exigencia de las pruebas forma parte del contrato de aceptación que firman los padres de familia al matricular a sus hijos en esos centros de estudio.

En la mayoría de los casos se exige a estudiantes seleccionados en forma aleatoria o cuando se sospecha de que un muchacho está consumiendo drogas.

Otros centros, como el San Judas Tadeo, lo piden antes de matricular al joven por primera vez.

La forma de aplicar la prueba también varía de una institución a otra.

Algunos colegios le piden a los padres de familia llevar a los muchachos a hacerse el examen y otros prefieren que el laboratorio tome las pruebas en el colegio.

Corregir. La política de estos centros es trabajar en prevención y cuando se detecta el consumo, ayudan al joven a dejar la droga.

Para ello se unen con los padres de familia, orientador, psicólogo y expertos en rehabilitación.

Si el estudiante reincide, puede ser expulsado o se le niega la matrícula para el año siguiente.

En el país existen unos 400 centros de estudio privados incluyendo primaria y preescolar.

Sin embargo, ni el Ministerio de Educación Pública (MEP), ni la Asociación de Centros Privados sabe cuántos aplican la prueba.

Esperanza Alfaro, encargada de centros privados en el MEP, manifestó que en materia de reglamentos los centros privados tienen mucha libertad pues lo que existe es un contrato con el padre de familia.

El experto en derecho constitucional, Manrique Jiménez, explicó que los sujetos de derecho privado (en este caso los colegios) pueden llevar adelante actos que no violen la ley, la moral ni las buenas costumbres lo cual no sería el caso de las pruebas doping.

En su criterio, el problema surgiría si ante la eventual negativa de un estudiante para hacerse el examen se le sancione, por ejemplo con una expulsión, presumiéndose su culpabilidad porque eso sería violatorio del artículo 39 de la Constitución Política.

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