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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com Estupor, angustia, impotencia, ira, respeto. Todos estos sentimientos se entremezclaron ayer, al conocerse la sentencia del Tribunal de Juicio del II Circuito que absolvió a Eugenio Millot y cinco imputados más por el asesinato de la periodista Ivannia Mora, la noche del 23 de diciembre del 2003. Pensamos en sus padres y en su familia. La prueba ha sido atroz. Aquellos sentimientos, hondos y comprensibles, brotan espontáneos, pero otros valores nos instan a no apostatar de la garantía del Estado de derecho, que, por ningún motivo, se debe desconocer o estigmatizar. Todo el edificio democrático, que se erige majestuoso sobre el voto popular, en elecciones limpias, universales y competitivas, reposa, en última instancia, en las sentencias de los tribunales de justicia, acuñadas en el troquel de la ley, al calor de la probidad y competencia de los jueces. La imperfección puede corromper este santuario; sin embargo, este es el sistema y hemos de defenderlo y perfeccionarlo. Este capítulo, con todo, todavía está abierto. La Sala Tercera Penal dirá la última palabra, llegada la hora, aunque la conciencia de los asesinos –bien lo saben, estén donde estén– ya rindió su veredicto sobre la verdad real, inocultable, infinita y clamorosa, bien antes de la fatídica noche de la antevíspera de la Navidad del 2003, cuando comenzó a urdirse la “estrategia y el diabólico negocio” del asesinato de Ivannia. En esta nueva Navidad, ahora, en el 2006, la recordaremos con luto y villancicos, delante de un Niño que, como nadie, experimentó el dolor y la angustia de la condición humana. Esta sentencia, además, más allá de los sentimientos que arranca, estimula la reflexión sobre otros casos que hacen, uno, antesala en los tribunales y, los otros, en el Ministerio Público –concretamente, los referentes al asesinato de Parmenio Medina, de por sí complejo, y al de los expresidentes Calderón y Rodríguez–. Tenemos así cuatro capítulos judiciales de vastos alcances en la vida institucional y democrática de Costa Rica. Su desenlace en la opinión pública en estos años puede fortalecer y fecundar nuestra democracia, o bien asestarle un golpe mortal. La democracia, como el amor o la solidez bancaria, inicia su caída con la erosión de la confianza. Desde esta perspectiva, la elección del nuevo magistrado de la Sala Tercera Penal tiene resonancias históricas. La responsabilidad de los actuales diputados trasciende su mandato legislativo. Su decisión –su conciencia– justifica o degrada su elección.
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