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EDITORIALUna situación inaceptable Solo la quinta parte del servicio doméstico tiene seguro de pensiones y solo el 28%, seguro de saludUn nuevo desafío para el sistema educativo, así como para la CCSS y el sistema de seguridad social Los datos de la Encuesta de Hogares, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que publicamos en nuestra edición de ayer, presentan dos aspectos relevantes de los trabajadores en la rama de hogares con servicio doméstico, que comprende, entre otros, empleadas domésticas, mayordomos, jardineros, choferes, guardas, cocineros y niñeras. Uno se refiere al sistema educativo nacional y el otro a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ambos forman parte del gran desafío del combate contra la pobreza. Según esta información, el empleo doméstico ha aumentado en el 73% en los últimos cinco años. De 76.000 trabajadores en el 2001 pasó a 131.000 en el 2006. Esta alza absoluta solo es superada por el comercio con 59.000 empleos más en el mismo período. Es, además, la cuarta rama en generación de empleo, después del comercio, la agricultura y la industria. De acuerdo con especialistas en la materia, estos datos reflejan un aumento del empleo formal y, por lo tanto, de mayores ingresos, lo que ha permitido un auge en el servicio doméstico, y, a la vez, una mayor participación de trabajadores menos calificados en el mercado laboral, en especial mujeres, y en el sector informal. No puede quedar al margen, en estas consideraciones, el elevado número de estudiantes que desertan de la enseñanza secundaria cada año y que, al perder toda oportunidad de un trabajo calificado, engrosan el contingente de los desocupados o de las personas. Es significativo –y doloroso– comprobar que, tras las pasadas vacaciones de este año, 27.000 jóvenes abandonaron las aulas. Además, el número de desertores y de aplazados, el año pasado, llegó a 130.000 estudiantes, que irrogan una pérdida de ¢51.000 millones al Estado. El reto, entonces, de la cobertura y de la calidad del sistema educativo, aunado al de la pobreza, se yergue como una de las preocupaciones básicas del Estado y de la sociedad. Agravan esta situación social, como informamos ayer, las estimaciones de la CCSS sobre el exiguo número de trabajadores en el servicio doméstico que disfrutan del seguro de pensiones (una quinta parte) y del seguro de salud (28%). Estos servidores domésticos asciende a cerca de 100.000. Estos datos plantean, globalmente, un desafío educativo, como expresamos, e, individual y directamente, un serio problema de justicia social. No solo se irrespetan normas fundamentales en el orden laboral, sino también en el campo moral, en cuanto a la solidaridad humana, fundamento, además, de nuestra legislación social, tal como lo establece nuestra Constitución Política. Tiene aquí la CCSS una labor primordial en las dos dimensiones citadas y en punto a sus propias finanzas, dada la elevada evasión que dimanan de estos datos. El cuadro se agranda si se toma en cuenta, tal como damos a conocer hoy, el número de personas que están devengando pensiones con sospechosa generosidad, tal como lo ha comprobado la CCSS. El problema de la inmigración tampoco está ajeno a las anteriores consideraciones sobre el seguro de salud y, en general, sobre la observancia de las normas laborales, de parte de los patronos, lo cual requiere una especial atención de parte del Ministerio de Trabajo. Se contrata a inmigrantes ilegales y estos no disfrutan de los beneficios de la seguridad social por cuanto el patrón aduce que están fuera de ley. No es un círculo vicioso. Se trata de un abuso intolerable, cuyas víctimas no pueden ser los inmigrantes. Este aspecto exige también atención preferente.
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