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Clientes de bares de San Pedro denuncian abusos de guardas Autoridades advierten de exceso en uso de fuerza para mantener el orden“Circunstancias los obligan a actuar con violencia”, dice agente del OIJ Otto Vargas M. ovargas@nacion.com A principios de setiembre un fornido guarda –contratado para mantener en raya a clientes problemáticos– hizo gala de fuerza al retirar de un restaurante a tres personas que ocasionaban problemas en un local cercano a la “calle de la Amargura”, en San Pedro de Montes de Oca. Minutos después los sujetos regresaron y el vigilante recibió dos balazos en las piernas y otro en un glúteo. El 21 de octubre pasado otro oficial privado de seguridad mató durante un forcejeo –en un sector aledaño a esa misma calle– a un tachador de carros. Esos casos ilustran el pulso que libran en San Pedro el hampa y los agentes de seguridad, pugna que ha llevado a estos últimos –algunas veces “obligados por las circunstancias”– a excederse en el uso de la violencia. Eso explica por qué durante este año los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han atendido siete denuncias contra guardas por golpizas, tres por amenazas de muerte y dos por lesiones con armas de fuego. La cifra es engañosa. En el hospital Calderón Guardia los investigadores judiciales han conversado con otras víctimas que prefirieron guardar silencio. “La coyuntura ha creado una necesidad por estos guardas: jóvenes de buen físico, pero de escasa preparación en materia de seguridad. Es cierto que han frenado la delincuencia, pero para eso han tenido que actuar de forma agresiva”, explicó un agente judicial. Anomalías. En ese sector de Montes de Oca los agentes del OIJ también decomisaron tres armas de fuego cuyos portadores, pese a trabajar como parte de la seguridad de bares y restaurantes, carecían de los permisos de portación. La Dirección de Servicios de Seguridad Privada –Ministerio de Seguridad Pública– tramitó este año una denuncia en contra de un guarda que se excedió en su fuerza. “En un caso de esos el local comparte la responsabilidad. Nosotros remitimos ese caso a la Fiscalía”, explicó Juan Luis Sánchez, director de esa dependencia. La Dirección detectó en esa zona personal de seguridad sin permiso, sobre todo vigilantes independientes contratados en forma ocasional por los comercios. Parte de los agentes de seguridad privada andan armados. La ley del más fuerte. En el 2003 el entonces jefe policial de Montes de Oca, Eliécer León, reunió a los comerciantes ante una serie de quejas por uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad del sector. “A ellos se les explicó que el trabajo policial nos correspondía a nosotros. La gente se quejaba porque algunos guardas abusaban de su poderío físico”, puntualizó el jefe policial. Para el agente privado Vernor Gayle Allen, de 28 años, el aspecto físico no constituyó una ventaja. Este agente de seguridad privada murió el 13 de octubre del 2005 al recibir una estocada en la garganta de manos de un cliente que se negó a entregarle el vaso plástico que llevaba en la mano. Gayle procuraba cumplir con una legislación municipal que prohíbe a los propietarios de bares expender licor para su consumo en la vía pública. Tres meses antes de ese hecho esa misma víctima sostuvo un altercado con unos sujetos (clientes de un bar), quienes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. “La gente se molesta cuando ellos (los vigilantes) actúan para sacarlos de los locales. Han tenido que crear una atmósfera de terror para defenderse de algunos clientes que después regresan en busca de venganza. Lo curioso es que después todo el mundo calla; son pocos los que denuncian”, señaló el agente del OIJ.
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