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EDITORIALEficiencia económica y justicia social Forzar un crecimiento salarial real por encima del equilibrio nominal del mercado tendría efectos inflacionariosSi se resuelve el problema de las pérdidas del Banco Central, se liberarían recursos para los programas sociales El último informe ‘Estado de la nación’, que hemos venido comentando en anteriores editoriales, ofrece un diagnóstico bastante realista de la situación nacional y plantea varias sugerencias sobre la agenda económica y social. Recomienda, entre otras cosas, aumentar la carga tributaria para restituir el gasto en infraestructura y programas sociales, seguir una política de salarios crecientes (ajustes nominales por encima de la inflación) para mejorar la brecha entre ricos y pobres, y propiciar mayores encadenamientos entre la producción local y los enclaves exportadores. También invita a la reflexión pública sobre estos temas para que el país vaya conformando la agenda nacional. En esta ocasión, como muchas otras veces en el pasado, ofrecemos nuestra visión sobre esos aspectos esenciales de la agenda nacional. El objetivo, claro está, es contribuir a reorientar las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los costarricenses. El diagnóstico de la situación económica y social revelado en el informe es claro y poco halagüeño. En el 2005, el déficit fiscal consolidado se redujo significativamente por el doble efecto de la política austera de gastos en infraestructura y transferencias sociales, y la mejor recaudación y menor gasto en intereses, con las consecuencias señaladas en el informe. Pero la contribución fiscal al equilibrio macroeconómico, dadas las circunstancias, no se tradujo en un menor aumento en los índices de precios. La inflación (medida por el IPC), en vez de reducirse, subió al 14% por efecto precisamente del alza en los precios de ciertas materias primas, especialmente petróleo, y la política monetaria expansiva del Banco Central asociada con su intervención en la crisis de los fondos de inversión en el 2004, la monetización de sus pérdidas así como las cuantiosas entradas de capital motivadas, en parte, por la política cambiaria anterior. De no haber ocurrido esos factores, la inflación habría sido mucho menor y habría mejorado la situación de la pobreza. Y aunque el informe no lo recomienda expresamente, hemos defendido la necesidad de trasladar los pasivos con costo del Banco Central al Estado para reducir sus pérdidas y la inflación, y reformar el régimen cambiario con esos mismos propósitos. La introducción del nuevo régimen de bandas cambiarias va en esa dirección. Pero falta resolver el tema de las pérdidas. El producto interno bruto (PIB) creció vigorosamente en el 2005 (5,8%), estimulado por las exportaciones, sobre todo las provenientes de zonas francas. Pero ese crecimiento –aduce el informe– no se tradujo en un mejoramiento concomitante en lo social. El ingreso nacional, que excluye el efecto de enclaves productivos exportadores como Intel –y, por tanto, refleja más apropiadamente el verdadero estado de la producción nacional–, creció dos puntos porcentuales menos que el PIB (3,7%). De ahí se deduce, con razón, la necesidad de lograr (sin forzar con subsidios), mayores encadenamientos entre los encalves exportadores y la producción nacional, empleo y contribución fiscal. El desempleo no se logró disminuir en el 2005 frente al porcentaje observado en el 2004, pero sí se redujo en el 2006 como consecuencia de la expansión de la producción. El ingreso promedio real decayó, la pobreza prácticamente se mantuvo estancada (el índice de familias pobres bajó del 21,7% en el 2004 al 21,2% en el 2005), y la desigualdad creció, según se revela en el Censo Nacional elaborado por el INEC en el 2002. Pero la pobreza se redujo, de nuevo, en el 2006, como consecuencia de la expansión de la producción y reducción de la pobreza, según detallamos en un editorial anterior.
Para reducir la desigualdad, el informe sugiere una política de salarios expansiva y aumentar la carga tributaria para financiar los programas sociales venidos a menos en el 2005 (y el 2006, agregamos nosotros). Sin embargo, nuestra visión es diferente. Creemos, más bien, que, para mejorar los ingresos y el empleo, se deben crear las condiciones necesarias para que la producción crezca de manera elevada y sostenida, incluyendo preservar el equilibrio macroeconómico. Forzar un incremento salarial real por encima del equilibrio nominal del mercado tendría efectos inflacionarios, sobre todo en el período que estamos iniciando, con expectativas de inflación decrecientes. Si a los empleadores se les obliga a incrementar salarios por encima del aumento en el IPC, se lo trasladarán inmediatamente a los precios, con el consiguiente aumento de la la inflación. Se romperían las expectativas positivas que estamos observando y la misma programación monetaria del Banco Central. Y, al final, serían los trabajadores, como consumidores, quienes saldrían perjudicados. No quebraríamos el círculo vicioso de persecución entre precios y salarios. Tampoco es conveniente aumentar la carga tributaria sin antes efectuar una verdadera reforma del Estado ni continuar el esfuerzo por cobrar mejor los impuestos vigentes. Esa labor no se ha hecho a cabalidad. Además, las finanzas públicas han mejorado en el 2006 y las perspectivas para el 2007 son aún mejores. En el proyecto de Presupuesto Nacional aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa se prevé un incremento del 32% para los ministerios prioritarios y un aumento muy substancial de las trasferencias para Conavi Y Fodesaf, rubros desatendidos en el período contemplado por el informe Estado de la nación. Y, si se resuelve satisfactoriamente el problema de las pérdidas del Banco Central, el gasto presupuestado por intereses caería aún más, y se liberarían recursos para los programas sociales. Se podría, además, privatizar empresas estatales para reducir la deuda pública y liberar más recursos para lo social. En estas circunstancias, no se justifica un aumento de impuestos que podría tener efectos recesivos y afectar el crecimiento necesario para generar empleos.
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