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Sala de Redacción Seis gobernadores rompen relaciones con Evo Morales DPA La Paz (DPA). Seis de los nueve prefectos (gobernadores) de Bolivia decidieron "romper" su diálogo con el presidente Evo Morales invocando la "defensa de la Asamblea Constituyente y de la democracia", en lo que abrió hoy un nuevo flanco de conflicto en la tensa relación del Ejecutivo con las regiones y la oposición. Los prefectos de los departamentos de Beni (noreste), Cochabamba (centro), La Paz, Pando (norte), Santa Cruz (oriente) y Tarija (sur), elegidos por voto popular en diciembre pasado y a quienes el mandatario acusó hace varios meses de gestar una "conspiración", emitieron una declaración difundida hoy por medios locales. Expresaron su rechazo a la propuesta de fiscalizar su gestión y a las determinaciones de la Asamblea Constituyente. Manifestaron su intención de "romper la relación con el poder Ejecutivo" y "no concurrir a ninguna convocatoria que realice el señor presidente de la República, en tanto no se modifique la línea gubernamental de vulneración de la ley y desestabilización institucional de las autoridades elegidas por el voto popular". Convocaron, además, a un encuentro "de la Bolivia democrática", a realizarse este jueves en Cochabamba, para "defender la legalidad, la democracia y la unidad de la patria que se encuentran en peligro". La medida supone un distanciamiento entre el gobierno y más de la mitad de las prefecturas del país. Permanecieron al margen de esta postura los gobernadores de Chuquisaca (donde está Sucre, la capital histórica del país), Potosí y Oruro (suroeste). En los comicios de diciembre pasado, en los que Morales se impuso con un 53,7 por ciento, fueron elegidos por primera vez en las urnas los nueve prefectos. Antes, eran designados por el Ejecutivo. Dicha declaración se produjo después de conocer el proyecto de ley de fiscalización al trabajo de los prefectos que fue elaborado por el Viceministerio de Descentralización, ante la "ausencia de un mecanismo que permita controlar el trabajo prefectural", detalló el rotativo "La Razón", de La Paz. Morales, quien asistió en la víspera a una celebración en Beni, consideró que ninguna autoridad debe temer a la fiscalización. "Si hay transparencia en el manejo de la plata del pueblo, si hay honestidad en el manejo de la plata del pueblo, ninguna de las autoridades nacionales debemos tener miedo al pueblo y a sus instituciones", explicó. "Sólo con el control del pueblo podemos manejar bien la plata del pueblo boliviano y esa es la fiscalización que se plantea", añadió. El gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, respondió que "no le temen a la fiscalización" y sugirió una supuesta intención oficial de "deshacerse de los prefectos que no siguen la línea del partido de gobierno". José Luis Paredes, prefecto de La Paz (cuya capital homónima es la sede del gobierno boliviano), denunció en entrevista con la radio Erbol que "el gobierno está en un conjunto de acciones que rompen la institucionalidad democrática". Paredes consideró que se pretende sustituir la labor de los consejos departamentales con censuras que vendrían de la Cámara de diputados, "donde coyunturalmente el Movimiento al Socialismo (MAS, partido de gobierno) tiene una mayoría". "Son acciones totalitarias que no coinciden con un gobierno democrático", puntualizó. El vocero presidencial, Alex Contreras, rechazó el contenido del documento de los gobernadores y los llamó a la reflexión, al advertir un "exceso de susceptibilidad". "Lamentamos la determinación adoptada por los prefectos pues puede llevar a una situación de descoordinación en el aparato estatal que iría en contra de los intereses del país", declaró al diario "La Prensa". Los prefectos también aludieron al conflicto que se registra en la Asamblea Constituyente, luego de que el partido de Morales impulsara la aprobación del mecanismo de "mayoría absoluta" (50 por ciento más uno) para avalar los artículos de la Carta Magna En su declaración, critican "el reglamento de debates" (que contiene esa determinación) y se suman a la propuesta defendida por los partidos de oposición de "dos tercios", que exige reunir 170 votos para dar vía libre al articulado. La determinación de la Constituyente prevé que los "dos tercios" serán necesarios para aprobar el texto completo de la Carta Magna.
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