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Seguridad en las cárceles está en manos de parceleros La mayoría de vigilantes no sabe cómo reaccionar en caso de una crisisMinistra de Justicia elabora profunda reforma en materia de seguridad penal Nicolás Aguilar R. naguilar@nacion.com “Yo tengo sangre campesina y si pudiera escoger donde morir, lo haría aquí, labrando la tierra…”, expresa Marco Antonio Vega Núñez mientras sacude, con manos grandes, terrosas, las cebollas que arrancó en Potrero Cerrado, Oreamuno –Cartago–, en las faldas del volcán Irazú. En Piedades Norte de San Ramón, Alajuela, otro agricultor, Juan Guillermo Núñez Elizondo, también corre desde muy temprano hasta su finquita para sembrar caña y café con la esperanza de obtener una buena cosecha.
Tras soportar penurias económicas, porque “el campo a veces no da ni para comer”, acudieron al Ministerio de Justicia y se convirtieron, de la noche a la mañana, sin capacitación básica, en policías penitenciarios. Vega, de 47 años, y Núñez, de 39, son parte de un grupo de 2.604 oficiales que resguardan diariamente a 7.945 presos en las cárceles de nuestro país. La mayoría de los vigilantes procede de zonas rurales y el 80% combina su trabajo en los penales con labores agrícolas. Muchos no cuentan con capacitación adecuada para enfrentar situaciones de emergencia como la que ocurrió el 9 de octubre, cuando se fugaron ocho presidiarios del centro penal La Reforma. Esta fuga masiva, la más grande en la historia penitenciaria del país, dejó al descubierto varias de las vulnerabilidades más graves del sistema carcelario nacional. Los agentes no sabían qué hacer y, según declaraciones al OIJ y a funcionarios de Justicia, nunca les dijeron cómo actuar en caso de una toma de rehenes. A la buena de Dios. “No se fijan protocolos, no hay cadena de mando. No hay comunicación rápida con instituciones a las que se debe alertar en caso de una emergencia. Sabemos de oficiales que solo reciben una ligera plática al entrar a los penales y nunca más se les capacita”, afirma la ministra de Justicia, Laura Chinchilla.
Ella impulsa desde hace varias semanas una reforma integral para modernizar la seguridad penitenciaria, creando unidades de supervisión permanente y un grupo especializado para atender casos de amotinamiento, entre otros. “La Policía no se ha capacitado para hacer frente a una nueva, más organizada y violenta delincuencia. Las cosas han cambiado drásticamente en 15 años, no así la vigilancia en las cárceles”, advierte. Vigilantes entrevistados por La Nación aceptan esas deficiencias y demandan capacitación. “Solo he practicado tiro al blanco en dos ocasiones y, en ambas ocasiones, compré las balas con dinero de mi propio bolsillo…”, asevera Zenén Méndez Meléndez, vecino de Palmares, Alajuela, quien trabaja en La Reforma desde 1982. Otro agente, Juan Guillermo Núnez, acepta las limitaciones y manifiesta: “Cuando entré a La Reforma, hace siete años, solo me dieron algunas explicaciones sobre el trabajo que haría y disparé el arma cinco veces para perderle el miedo, Eso fue todo”. De hecho, más de 300 policías penitenciarios ni siquiera han recibido prácticas de tiro, tampoco clases de defensa personal. Muchos asumieron su riesgosa labor, vigilar a los hombres y mujeres más peligrosos del país, sin previa capacitación. “Nos mandan a la guerra luego de una pequeña charla, pero hay que jugársela porque necesito la platita para mis hijos”, dice otro vigilante, quien pide no ser identificado porque “apenas empiezo y me pueden echar”. Seguridad estancada.La ministra Chinchilla declara: el país alberga “una población penitenciaria de alto riesgo y cuando se analiza qué ha pasado en materia de seguridad penitenciaria, nos encontramos con que no se ha dado ningún cambio. Se observa un grave deterioro”. En esas condiciones, convivir con los reos es para muchos oficiales, inclusive para los de más experiencia, una eterna pesadilla. “En La Reforma (San Rafael, Alajuela) somos pocos, realizamos las llamadas rondas solo cuatro compañeros por turno para cuidar a casi 140 privados de libertad de un pabellón. Mientras camino entre ellos, pienso que soy como el conejo que se mete a la cueva del lobo”, comenta Méndez, con 24 años de bregar en ese penal. Para reforzar la seguridad penal, Laura Chinchilla se propone variar radicalmente la capacitación de los agentes, efectuando, entre otras cosas, frecuentes simulacros para prepararlos en caso de un amotinamiento, la toma de rehenes o una fuga masiva. También impulsará la colocación de sistemas electrónicos de vigilancia, especialmente en La Reforma, donde conviven más de 4.000 presidiarios, muchos calificados como de “alta peligrosidad”. Analiza la posibilidad de cambiar los roles de trabajo pues actualmente los agentes trabajan siete días seguidos, pernoctan en las cárceles y tienen libre la siguiente semana. Muchos aprovechan ese rol para “redondearse” otro salario en labores agrícolas. “Allí hay algo que no está bien, ese rol debe ser variado”, advierte la Ministra. Colaboraron Patricia Mejías y Fernando Gutiérrez Coto.
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