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El mandato de Ortega El reto de Nicaragua: construir instituciones democráticas fuertes al servicio de la ciudadaníaCarlos F. Chamorro Periodista Nicaragüense. Director del semanario “Confidencial” y del programa de televisión “Esta Semana”. La victoria electoral de Daniel Ortega es inobjetable en su legalidad y legitimidad, pero plantea muchas interrogantes sobre cómo el liderazgo del FSLN interpretará el significado político de su mandato. El candidato del FSLN obtuvo más de nueve puntos porcentuales por encima del candidato del segundo lugar, Eduardo Montealegre de ALN (38% vs. 28,3%), lo que le permitió ganar en primera vuelta, amparado en la reforma a la ley electoral surgida del pacto prebendario que acordó con Arnoldo Alemán en 1999. De esa manera, con un apoyo del 38% Ortega ganó la Presidencia, mientras el 62% del electorado antiorteguista se dispersó en otras cuatro opciones políticas. Este porcentaje de voto presidencial es el más bajo obtenido por un presidente en Nicaragua en los últimos veinte años. En 1984, Ortega obtuvo el 67% del voto durante su primer mandato; Violeta de Chamorro fue elegida con un 54,7% en 1990; Arnoldo Alemán, con el 51% en 1996; y Enrique Bolaños, con un 56% en el 2001. Llamado a concertar. Esto significa que a Ortega no solamente le tocará gobernar en una sociedad muy diferente a la Nicaragua revolucionaria de los ochenta, –el país ha cambiado mucho desde el punto de vista institucional, de las reglas económicas y los compromisos adquiridos por el Estado–, sino que también está obligado a concertar y tomar en cuenta los intereses de la mayoría electoral que no votó por su candidatura. Ortega gana la presidencia con un porcentaje de votos incluso menor que el de la última elección presidencial (42%) cuando perdió frente a Enrique Bolaños. Según las cifras del Consejo Supremo Electoral, en un lapso de cinco años la población electoral creció en un 26%; sin embargo, la votación del FSLN se mantuvo en un nivel casi idéntico al del 2001 y apenas creció 15.000 votos (1,6%). De manera que su estrategia de campaña de paz, amor y reconciliación fue efectiva para preservar su voto duro, pero no para sumar nuevos apoyos. En cambio, el voto liberal registró un incremento de 186.000 votantes, un 11,5% adicional a lo obtenido en el 2001 por el PLC; pero esta vez se dividió entre el PLC y ALN, favoreciendo la victoria de Ortega. La cuarta variante electoral, el MRS, agregó 205.000 votos adicionales a los depositados por el electorado en el 2001. ¿Cómo se conjugaron estas tendencias el cinco de noviembre? Una hipótesis preliminar indica que mientras ALN captó a los votantes independientes del MRS en un “voto útil anti-Ortega”, el PLC preservó parte de su base frente al embate de ALN y recuperó muchos votantes liberales a última hora, mientras el FSLN mantuvo su voto duro y se vio favorecido por un nivel de abstención mayor que el esperado. Aunque Nicaragua mantiene uno de los niveles de participación electoral más altos de América Latina, se registró un porcentaje de abstención un tercio mayor que en la elección del 2001, cuyas causas merecen ser analizadas a profundidad en otro momento. En términos programáticos, el mandato de Ortega refleja una fuerte demanda de cambio del electorado en la dirección de fortalecer las políticas sociales y de fomentar la producción nacional pequeña y mediana. Pero al mismo tiempo entraña una demanda de renovación institucional y desmontaje del pacto Ortega-Alemán, reclamado por una mayoría de votantes y abanderado por todos los candidatos presidenciales –excepto Ortega–, que ahora pasan a la oposición. El presidente electo representa una de esas dos vertientes: la lucha contra la pobreza y resolver la deuda social; pero en el campo institucional representa la antítesis de lo que ha planteado el electorado. Cómo resolver esta contradicción representa uno de los principales desafíos del mandato electoral de Ortega. Los resultados de la elección legislativa proyectan una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional en la que el pacto PLC-FSLN deja de ser el eje dominante y sería sustituido por una dinámica multipartidista, en la que el FSLN tendrá 38 diputados, PLC 25, ALN 23 y MRS 5. Resulta prematuro aventurarse a analizar qué tipo de alianzas se producirán en la Asamblea entre estas cuatro bancadas, pero es previsible que las negociaciones no serán determinadas precisamente entre bastidores por dos caudillos, sino en un marco de mayor transparencia ciudadana. Las primeras señales. Después de ser reconocido por sus adversarios, el presidente electo envió un mensaje tranquilizador al capital y a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es comprensible que haya priorizado a ese sector por la importancia que tiene a corto plazo la estabilidad del sistema financiero. Pero lo importante es que esos gestos positivos se traduzcan en hechos y compromisos institucionales. Por ejemplo, si Ortega considera conveniente la permanencia en el cargo del actual presidente del Banco Central para dar una señal de continuidad en el mundo financiero, reforzaría la confianza a largo plazo proponiendo una ley que le otorgue autonomía al Banco Central en relación al Ejecutivo. En el mismo sentido, tiene la oportunidad de enviar un mensaje de cambio institucional y voluntad de desmontar el pacto, aún si esto significa ceder cuota de poder, cuando en los próximos semanas se proceda a elegir en la Asamblea a nuevos Magistrados en la Corte Suprema y al Fiscal y vice Fiscal de la nación. Durante la campaña electoral, Ortega fue el candidato del monólogo. Nunca explicitó sus propuestas de gobierno, no aceptó debates, ni respondió a las preguntas de la prensa. Incluso, las propuestas más importantes que formuló el 19 de julio --la promesa de condonar las deudas a los productores y la oferta de remesas a costo cero-- tuvieron que ser oficiosamente rectificadas. Como Presidente de todos los nicaragüenses y no sólo del 38% que votó por su partido, sólo podrá tener éxito si logra reinventarse como un estadista dialogante. El imperativo del diálogo, y la tolerancia a las críticas, también forma parte integral del mandato político de Ortega. En el campo internacional, el presidente electo tiene la oportunidad de aprovechar las ventajas económicas del CAFTA para atraer más inversión extranjera, y al mismo tiempo beneficiarse de una plataforma de cooperación económica adicional como la que ofrece la Venezuela de Hugo Chávez. Este precario equilibrio entre Bush y el eje Chávez-Castro-Morales, demandará firmeza y prudencia diplomática al mismo tiempo, porque Nicaragua tiene un margen de flexibilidad cero para jugar al populismo revolucionario. Cualquier aventura internacional que embarque al país en un clima de conflicto y confrontación conduciría al desastre seguro, en detrimento de la lucha contra la pobreza. Sin embargo, no todo el éxito o fracaso depende de lo que Ortega haga o deje de hacer. El mejor antídoto para contener los instintos autoritarios del nuevo liderazgo es una sociedad civil vigorosa, movimientos sociales autónomos, una prensa crítica y una oposición responsable. Para que Nicaragua salga adelante no solo necesitamos un buen estadista al frente del Gobierno –y ojalá Ortega se coloque a la altura de ese desafío–. También requerimos un sector privado competitivo, moderno, fiscalmente responsable, y una ciudadanía activa que gestione sus derechos sin esperar, como si fuéramos súbditos, a que el Gobierno dé favores o prebendas. Con todas las expectativas e interrogantes del retorno de Ortega al poder, el mayor reto del país sigue siendo construir instituciones democráticas fuertes al servicio de los ciudadanos, para que las reformas sociales que Nicaragua necesita con urgencia sean viables e irreversibles.
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