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La oligarquía callejera La “democracia de la calle” es un retroceso a prácticas oligárquicas de usurpaciónEduardo Ulibarri Cuando, en la antigua Grecia, los atenienses practicaron la democracia directa, mediante sus reuniones abiertas para discutir sobre los destinos de la polis, abrieron una nueva etapa en el desarrollo político universal. Del poder sagrado, que otorgaban dioses inaccesibles a seres iluminados y sus camarillas, o del que déspotas sanguinarios arrebataban a otros por las armas, se pasó al ejercicio deliberativo del poder civil. De la obediencia se dio un lúcido salto hacia la discusión, y la soberanía salió de los palacios hacia los espacios iluminados por el sol. El pueblo, o una parte de él, asumió su propio destino. ¿Implica esto que don Albino Vargas y sus acompañantes de bloqueos y arrestos sediciosos son dignos herederos de aquellos atenienses de gestos precisos y verbo sonoro? Si no hubieran pasado 2.500 años desde entonces, la respuesta podría ser positiva. Sin embargo, a estas alturas de la historia, proclamar la democracia callejera es un salto al pasado, una apuesta al autoritarismo y un desconocimiento de la evolución política de la humanidad. Nada tienen en común Pericles y Vargas. Ejercicio controlado. La calle o la plaza, efectivamente, fueron en la Grecia clásica el recinto de la democracia directa, porque los ciudadanos tomaban decisiones sin intermediarios, aunque delegaban su ejecución. Pero el esquema funcionaba por una razón muy simple: era un ejercicio controlado, limitado y oligárquico. Solo un puñado de hombres, por ancestros, patrimonio y condición, podían discutir y decidir. Los demás (casi todos) quedaban excluidos. Constituían la “mayoría silenciosa” y desarticulada de entonces, ajena a la democracia callejera, que nunca alcanza para tanta gente. La gran pregunta democrática, a partir de entonces, fue cómo incorporar esos amplios sectores marginados al proceso de decisiones políticas. Y la gran respuesta, tras siglos de absolutismos, matanzas, reflexiones, movilizaciones, revoluciones y contradicciones, se resumió en dos palabras: democracia representativa. Es decir, mi derecho incuestionable, como ciudadano soberano, de elegir a los gobernantes y delegar en otros, por votación, la capacidad de legislar; todo, además, dentro un marco legal e institucional común, explícito y predecible, con respeto para los derechos civiles, individuales o colectivos. Mucha de esta evolución coincidió con el desarrollo de los Estados nacionales que, por sus dimensiones y población, solo podían encontrar en la democracia representativa la posibilidad de hacer viable políticamente la voluntad ciudadana. La alternativa sería quedar fuera del proceso, o aceptar que otros se apropiaran, en la calle o los salones, del poder de decidir. El siguiente gran avance fue crear mecanismos institucionales precisos y explícitos para ejercer la democracia directa en casos concretos. Así surgió el referendo, recientemente incorporado a nuestra Constitución y legislación, pero centenario en otras partes, y nunca callejero. Representación y dictadura. Las grandes luchas del siglo XX fueron entre la democracia representativa y el Estado de derecho, y los usurpadores que intentaron, por distintas vías, apropiarse de la voluntad soberana de los pueblos y borrar los esquemas institucionales que tutelan las garantías individuales. Tuvo éxito Lenin, con sus soviets y la “vanguardia revolucionaria” que, incluso, desplazaron como protagonista al proletariado idealizado por Marx, y crearon las condiciones para el estalinismo. El costo fueron millones de muertes y la práctica totalitaria e imperial más prolongada del siglo XX, hasta su colapso. Triunfó también Hitler, quien, tras su éxito inicial en las urnas, se lanzó al dominio absoluto desde las plazas, las movilizaciones, los discursos, el militarismo y un refinado aparato de propaganda y control. Su saldo: el holocausto y una guerra mundial, que condujo a su caída. Y tuvo relativo éxito Mussolini, aliado de Hitler, con sus camisas negras y presiones callejeras contra los ciudadanos demócratas o independientes y, por supuesto, la anulación de las instituciones representativas. Los ejemplos de dictaduras y aberraciones asentadas en el rechazo de la representación política podrían seguir. Sin embargo, los anteriores bastan para ilustrar por qué, cuando don Albino y otros pretenden desconocer la legitimidad del Gobierno, o las potestades de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes y ratificar tratados, lo que hacen es sumergirse en las corrientes involutivas del autoritarismo. Cadena impositiva. Una cosa es manifestarse en las calles, acción que forma parte de los derechos tutelados, precisamente, por la existencia de un régimen político democrático y representativo; otra, convertir ese ejercicio en un arma para conculcar los derechos de otros ciudadanos; por ejemplo, a la libre movilización. Y otra cosa, más grave aún, es postular que algunas organizaciones gremiales sean los intérpretes autorizados del bienestar nacional y de la voluntad popular, y que, mediante acciones callejeras, puedan sustituir el poder que, mediante el voto, emana de esa voluntad. La ANEP, APSE o Asdeice son grupos legitimados a partir de la libertad de asociación, y con plenos derechos para perseguir sus intereses, dentro del marco de la legalidad institucional. Pero ninguno de ellos ha concurrido a un proceso constitucionalmente establecido, como las elecciones, para presentar un programa, proponer candidatos y someterse a la voluntad popular, como sí lo hacen los partidos políticos. Están, simple y llanamente, fuera del Gobierno. Intentar, desde esa posición externa, arrogarse el poder del Presidente o los diputados, y negar el que los ciudadanos les hemos otorgado, es un acto de usurpación, de naturaleza claramente excluyente y autoritaria. Está muy cerca de las tácticas de Mussolini y totalmente alejado de las construcciones ideales de Platón. La oligarquía. Pero hay otro aspecto que también merece atención: muchas de las organizaciones sindicales que rechazan la democracia representativa y pregonan la “de la calle” están entre las instituciones más oligárquicas del país. Don Albino, por ejemplo, lleva 15 años como secretario general de la ANEP, y su elección no es producto del voto directo de los afiliados, sino de una “asamblea nacional” de delegados, que se reúnen para decidir quién dirigirá la asociación. Se trata de una práctica dudosa y muy indirecta: cada afiliado elige delegados que, a su vez, eligen a don Albino. Es la receta perfecta para la política de presiones individuales y manejos de premios y castigos para obtener lealtades. Paradójicamente, son mucho más abiertas, fluidas y transparentes las cámaras empresariales que tanto critican. ¿Por qué, como ejemplo de mínima coherencia, la cúpula de ANEP no propone cambiar su sistema de elección, para hacerlo más claro, verificable y abierto? ¿Por qué no inaugura, internamente, la práctica del referendo o de la votación directa? Más aún, ¿qué dirían si, en su próxima asamblea nacional, un grupo que se proclame el verdadero representante de los afiliados, intentara desconocer al eterno don Albino e imponer su criterio mediante el bloqueo del recinto? Desde posiciones tan endebles en lo conceptual, y tan insostenibles en lo organizacional, ni la ANEP, ni APSE, ni Asdeice, ni el “Comité de Enlace”, ni el “Movimiento Cívico Nacional” tienen legitimidad alguna para desconocer la democracia representativa y arrogarse la representación de la voluntad ciudadana. Imprudente insistencia. A pesar de lo anterior, durante la tristemente célebre reunión en el Melico Salazar (teatro del Estado), el 22 de abril del 2005, tuvieron la imprudencia de proclamar lo siguiente: “En el caso de que Arias fuera electo por equivocación del pueblo, bajo ninguna circunstancia la Comisión (de Enlace) reconocerá su gobierno como legítimo y procederá en consecuencia con la gravedad del hecho”. Y, a pesar de que el pueblo les tapó la boca eligiendo a Óscar Arias como presidente, y a una Asamblea mutipartidista como legisladora, a principios de este mes sendos dirigentes de la ANEP y APSE reiteraron que sus grupos desconocerían la aprobación legislativa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De nuevo, la línea de las peores prácticas autoritarias, alejadas de cualquier modalidad democrática, incluso de la muy imperfecta practicada por los griegos. Dada su rotunda testarudez, es difícil que esos actuales dirigentes cambien de discurso o de tácticas. Para ello, habrá que esperar a que se introduzca una verdadera democracia en su seno y que los afiliados decidan, mediante el voto individual y directo, quiénes los dirigirán. Entre tanto, los ciudadanos parecen entender cada vez más las contradicciones, falta de legitimidad, autoritarismo y hasta hipocresía de esas posturas. A pesar de sus imperfecciones, la democracia representativa sigue vigente, para que seamos todos, y no ellos nada más, quienes decidamos nuestro destino.
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