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EDITORIALUna mejor gestión pública Para vigorizar la ruta del bienestar hay que mejorar la gestión públicaEs necesario aumentar las inversiones y revisar las prioridades del Estado De las múltiples facetas abordadas por el informe Estado de la nación correspondiente a este año, en nuestra edición del pasado martes destacamos dos áreas del desempeño estatal que consideramos esenciales: infraestructura vial e inversión social, la cual no solo incluye la lucha contra la pobreza, sino también la educación y la salud. En ambas facetas, por desgracia, existen serios problemas. La precaria situación de nuestra infraestructura vial la vivimos constantemente, no solo por el mal estado de las calles y carreteras (que algo ha mejorado en los últimos meses), sino también por su imposibilidad para absorber el crecimiento en la flota de vehículos y la carencia de suficientes nuevos proyectos para ampliar la capacidad de circulación. Por otro lado, ha sido casi proverbial la poca eficacia de muchos programas destinados a combatir la pobreza, y tenemos enormes retos por la enorme deserción estudiantil en secundaria, la débil calidad de la educación y los problemas para atender adecuadamente la demanda por servicios de salud. Al analizar con cuidado el Estado de la nación, en relación con los aspectos comentados y otros más, se hacen evidentes algunos aspectos comunes sobre el desempeño estatal y el proceso de toma de decisiones en el país, que permiten explicar el deterioro. Tienen que ver, esencialmente, con distorsiones en las prioridades y la calidad de los gastos e inversiones públicas, con la insuficiente recaudación tributaria, y con la ausencia de una verdadera reforma en la administración del Estado, que mejore el desempeño institucional. Son, por desgracia, temas sobre los que hemos venido insistiendo desde estas páginas por años, con resultados muy modestos. Para invertir y proveer de servicios, es cierto, se necesitan más recursos, sea mediante nuevos o mayores impuestos, mediante una mejor gestión recaudadora, o una combinación de ambos. Pero no basta con ello. Siempre las necesidades y pedidos serán mayores que las posibilidades financieras y, por ello, el Gobierno y las instituciones estatales están en el deber de establecer prioridades claras de gasto e inversión, en aras del interés nacional. Durante varios años, sin embargo, ha sucedido algo muy distinto. Enfrentados ante ingresos insuficientes y la necesidad de controlar el déficit fiscal, nuestros dirigentes han optado por frenar inversiones fundamentales, sea en infraestructura o servicios, en lugar de replantear el esquema institucional, para, por ejemplo, reducir el peso de los salarios, las transferencias y los regímenes de pensiones deficitarios, y utilizar los recursos liberados para carreteras, aulas o servicios de salud. Dichosamente, pareciera que el actual Gobierno ha comenzado a tomar algunas medidas en el buen sentido, como la reforma del Consejo Nacional de Producción y la propuesta de dar en concesión los puertos del Atlántico. Obviamente, una reforma del sector público es políticamente mucho más compleja y costosa que postergar la construcción de una carretera o una clínica, pero las consecuencias de tanto retraso las estamos sintiendo seriamente, como documenta el Estado de la nación. Y, curiosamente, muchos de los que se quejan por esta situación son los mismos que se han negado a que el Estado se modernice, porque esto implicaría la pérdida de privilegios. Otra grave distorsión ha sido la tendencia a que, cuando una institución o programa no funciona, en lugar de arreglarlo en su origen, se creen nuevas instituciones, que no necesariamente solucionan las deficiencias, pero sí hacen aún más costosa y compleja la gestión pública. El informe plantea el caso del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), creado y dotado para mantener la red vial, ante la incapacidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero que no ha cumplido con su labor. El mensaje, pues, es tan simple como serio: si verdaderamente queremos darle un nuevo impulso a nuestro desarrollo, y al bienestar y calidad de vida de la gente, el Estado debe transformarse, las prioridades deben establecerse y cumplirse con claridad, los ingresos deben aumentar y las inversiones deben ser un componente mayor de los presupuestos públicos. Y todo esto debe descansar sobre una economía sana y eficiente. Pero a ello nos referiremos en nuestro editorial de mañana.
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