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Relación de políticos con paramilitares sacude Colombia Bogotá. AFP. El poder político colombiano se estremeció esta semana por supuestos nexos con organizaciones paramilitares. La Corte Suprema de Justicia vinculó a tres congresistas con el nacimiento y financiación de tenebrosos escuadrones derechistas. Mientras que en los años 80 y 90 los carteles de la droga de Cali y Medellín patrocinaban campañas políticas, ahora los nexos de los políticos con paramilitares van más allá, incluso hasta el punto de determinar el asesinato de campesinos, como en el caso del senador Álvaro García, según la Corte. García y su colega en el Senado Jairo Merlano, así como el representante a la Cámara, Erik Morris, todos del norte del país, se entregaron a las autoridades y están recluidos en una cárcel de Bogotá. Los tres pertenecen a movimientos oficialistas que respaldaron la reelección del presidente Álvaro Uribe. La Corte señala a Merlano como integrante de un grupo paramilitar encabezado por alias ‘Diego Vecino’ y alias ‘Cadena’ que promovió su campaña al Senado en las elecciones del 2002, mientras que acusó a Morris de financiar ese tipo de organizaciones. Por los mismos vínculos el tribunal ordenó también a la Fiscalía investigar a Salvador Arana, exembajador de Colombia en Chile; Miguel Nule Amín, exgobernador del departamento de Sucre; y a Ángel Daniel Villarreal Barragán, expresidente de la Asamblea de esa provincia de la costa caribe. Igualmente fue detenida para responder por esos nexos la exrepresentante a la Cámara Muriel de Jesús Benito, quien no atendió una solicitud de la Fiscalía para que se presentara a declarar. Entre tanto, la Corte continuó esta semana recibiendo declaraciones de congresistas y no se descartan nuevas capturas. El escándalo llevó a que representantes de partidos opositores a Uribe censuraran su silencio frente al caso de los legisladores, especialmente por la vinculación de estos a la campaña presidencial de mayo pasado. Uribe respondió el viernes pidiendo un castigo severo para congresistas y funcionarios que tengan nexos con los grupos paramilitares e incluso los llamó a acudir a la Corte Suprema si tienen vínculos con esas organizaciones ultraderechistas o con las guerrillas. El escándalo también tocó al senador oficialista Álvaro Araújo hermano de la canciller María Consuelo Araújo, quien admitió que se reunió en una fiesta con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar con el fin de tratar que este lo ayudara frente a unas presiones que le hacía uno de sus subordinados. Y como para rubricar las denuncias de la Corte Suprema, esta semana los jefes paramilitares desmovilizados internos en una cárcel del noroeste del país advirtieron que cuando sean llamados por la justicia denunciarán los nexos con sectores políticos, económicos y militares.
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