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Pretenden obligar a empresas a entregar encuestas al TSE Encuestadoras alegan que sus trabajos son confidencialesVariante establece altas multas y sanciones en caso de incumplimiento Ana Lupita Mora lumora@nacion.com Las empresas que hagan encuestas sobre preferencias de los votantes serían obligadas a entregar sus estudios al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La comisión legislativa que estudia el plan de reformas al Código Electoral aprobó una moción que establece tal responsabilidad en cuanto a mediciones estadísticas y sondeos de opinión durante los períodos de campaña.
El texto incluye sanciones, altas multas y el requisito de registrarse, entre otras normas. Ante esa disposición, representantes de las empresas dijeron estar sorprendidos. Argumentaron que en una democracia este trabajo no debe estar regulado y mucho menos entregar al TSE algo que es de los medios de comunicación y que tiene carácter confidencial. Transparencia. Francisco Antonio Pacheco, miembro de la comisión y proponente de la reforma, aseguró que buscan “transparencia”. Agregó que tratan de evitar “prohibir” la publicación de estos estudios, como lo pretendieron otros diputados. “Buscamos que lo que se publique sea real y que no influya en la voluntad de los ciudadanos”, explicó Pacheco. Manifestó que en la comisión están anuentes a escuchar a las empresas y medios de comunicación sobre el tema. Rotundo no. Las firmas del sector no temen por las multas, sino por los alcances de la reforma. “No cabe desde ninguna perspectiva” declaró José Alberto Rodríguez, de la empresa Demoscopía. “Ha quedado absolutamente demostrado que la publicación de encuestas no influye en la decisión del elector”, sostuvo Rodríguez. Con él coincidieron Carlos Denton, de Cid Gallup, y Víctor Borge, de Borge y Asociados, quienes recordaron que en los últimos comicios las encuestas colocaban a Óscar Arias con porcentajes más altos y la voluntad popular fue otra. Rodríguez recalcó: “El TSE no puede garantizar la transparencia de una encuesta; es un órgano encargado de asuntos electorales. Es una cláusula absurda, se trata de información que contrata un medio de comunicación y es de su propiedad, no del dominio público, y mucho menos las bases de datos”. Denton dijo: “No sabemos qué manejo dará el órgano electoral a la información, cómo la va a valorar. Cid Gallup es una empresa con fines de lucro y nos pagan por ello, van a acabar con nuestro negocio si la información va a estar a disposición de cualquiera”. El problema es otro. El sociólogo Víctor Borge dijo estar de acuerdo con que los legisladores regulen todo lo referente a los procesos electorales, especialmente que se definan de una vez por todas las reglas en torno al financiamiento de los partidos políticos, pero rechazó la entrega de estudios al TSE. “No entiendo cómo voy a entregar lo que no es mío y que debe guardar confidencialidad. No puedo entregar las bases de datos, lo que consulto individualmente no puede ser divulgado”, dijo Borge.
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