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Funcionarios investigados negociarán contratos de Caja Empresas que recibieron beneficios de la CCSS firmarán nuevos contratosEvaluación de servicios tendrá supervisión de equipo gerencial Hazel Feigenblatt hfeigenblatt@nacion.com Funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social investigados por la entrega de privilegios a varias empresas, negociarán nuevos contratos millonarios con las mismas firmas en las próximas semanas. La Caja acaba de abrir una investigación para determinar si cabe aplicar sanciones por diversas anomalías en los contratos, a través de los cuales la Caja traslada la atención de varias clínicas y Ebais al sector privado. La investigación está en su etapa inicial y se desconoce exactamente qué funcionarios están siendo investigados, pero el mismo equipo que ha manejado esos contratos negociará cuatro más. Pese a que los servicios privados son más caros que los de la Caja, esta le dará dos años más de contratos a cuatro cooperativas por unos ¢20.000 millones. La Contraloría autorizó la medida porque funcionarios de la Caja pidieron el permiso cuando ya no había tiempo de que la institución asumiera los servicios o hiciera concurso público. La Contraloría aclaró que dio la autorización para no poner en peligro la salud de miles de personas, pero ordenó investigar a los responsables del caso. Cambio. El presidente ejecutivo de la Caja, Eduardo Doryan, dijo que esperará los resultados de la investigación, pero adelantó que dará un “golpe de timón” para que no se repitan las anomalías. En adelante las propuestas que haga la Gerencia Administrativa serán revisadas por las demás gerencias y la evaluación de la ejecución de los contratos, que calificó de “ light”, dependerá de ese equipo intergerencial. “Vamos a buscar una persona que sea la más apropiada para coordinar esto”, agregó. Una investigación de La Nación halló que la Caja presta edificios y equipo gratis a tres cooperativas y, desde 1998, ha ignorado múltiples instrucciones de ajustar los contratos a la ley. Además, la Contraloría denunció que la Caja pagó ¢40 millones en “incentivos” y otros rubros no incluidos en los contratos por ¢194 millones. También les dio descuentos de gastos administrativos por ¢140 millones.
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