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Condenan a exdiputado por manejo fraudulento de partida Jueces de Alajuela le impusieron seis años de cárcel por peculadoFondo iba destinado a una asociación comunal de San Ramón Otto Vargas M. ovargas@nacion.com Utilizar dinero de una partida específica para el pago de deudas contraídas por motivos políticos costó al exdiputado socialcristiano Carlos Salas Salazar seis años de cárcel, según dispuso el Tribunal de Juicio de Alajuela el 6 de octubre. Los jueces lo hallaron culpable del mal uso de fondos públicos (peculado). “Respecto al imputado Salas, se le ha impuesto la pena en calidad de instigador (...) pues indujo a los otros dos (Carlos Jiménez Solano y Manuel Benavides Hernández, miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de San Ramón) a realizar el giro de dinero para cancelar deudas por él contraídas”, detalló el tribunal en la sentencia.
Jiménez y Benavides también resultaron sentenciados a seis años de cárcel. Entre junio y agosto del 2001 –durante su gestión como diputado– Salas ofreció una serie de ayudas a personas de escasos recursos “con un fin evidentemente proselitista”, destacó el Tribunal. Con papel membretado de la Asamblea Legislativa, el exdiputado solicitó ayudas materiales a dos comerciantes de San Ramón. Pretendía que la Municipalidad de San Ramón asumiera el pago, pero el entonces alcalde de ese cantón, Silvino Sánchez, cuestionó la legalidad de esa liquidación y se negó a desembolsar el dinero. Ardid. Salas dijo al Tribunal que pidió fiado a los proveedores “porque ya se había presupuestado el dinero”. “Luego no se hizo nada por la intervención de la Contraloría”, alegó. La Fiscalía acusó al exdiputado de fraguar un plan para cancelar, mediante la partida girada a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de San Ramón, las deudas pendientes. Para ese entonces Carlos Jiménez y Manuel Benavides ocupaban los cargos de presidente y vicepresidente de ese grupo comunal. El dinero (girado en el 2002) estaba previsto para becas de estudio, compra de comestibles y materiales a favor de indigentes, adquisición de implementos deportivos y la construcción de un salón. Una parte del dinero se utilizó para honrar las deudas contraídas por Salas en el 2001. Conforme la investigación, los hoy sentenciados tuvieron que recurrir a los negocios acreedores (un supermercado y una ferretería) para que les dieran nuevas facturas. Con eso justificaron los fondos girados por la Asociación. Durante el debate, los beneficiarios confirmaron al Tribunal que en ningún momento pidieron ayudas al grupo comunal. Además, señalaron a Salas como la persona que les ofreció los comestibles en el 2001. La Nación intentó conversar con el exdiputado y, aunque se le dejó un mensaje en su oficina (en San Ramón), no devolvió la llamada. La sentencia todavía no está en firme y por eso el exlegislador goza de libertad.
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