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EDITORIALAl pan, pan y al vino, vino Dirigentes sindicales del ICE, ANDE, APSE y ANEP han definido claramente su posición contraria a la democracia y al Estado de derechoLa mayoría del pueblo de Costa Rica y de los dirigentes políticos siguen fieles a los valores democráticos y constitucionales No hay duda de que los dirigentes sindicales opuestos al TLC han actuado con transparencia y coherencia antidemocrática. Con transparencia, por cuanto, ya en la reunión en el Teatro Melico Salazar, en abril del 2005, presentaron sus cartas credenciales anticonstitucionales ante la opinión pública. Nadie, entonces, debe llamarse a engaño. No nos han metido gato por liebre. Y han procedido con coherencia antidemocrática porque así lo han reflejado, desde ese día, todas sus proclamas y sus mensajes en la prensa nacional y por Internet. Sus palabras expresan fielmente su mentalidad. En la edición del domingo pasado, La Nación resumió objetivamente el camino conceptual y discursivo seguido por los dirigentes sindicales del ICE, de ANDE, de APSE y de ANEP, desde abril del 2005. Esta secuencia traza la diferencia radical entre su concepción del Estado de derecho, de la democracia representativa, de las potestades del Congreso, y la que, tradicionalmente, ha mantenido el pueblo de Costa Rica, razón e inspiración de nuestros mejores logros. El lúgubre anuncio sindical de que la aprobación del TLC podría generar “violencia y derramamiento de sangre” describe también su honda divergencia con el sentimiento nacional, en el campo de la paz, y, por supuesto, con la realidad. Estos dirigentes sindicales no representan, en modo alguno, a todo el sindicalismo nacional y ni siquiera a sus propios asociados, y, mucho menos, al pueblo de Costa Rica. Ha sido, por ello, oportuno recoger y publicar estas declaraciones, así como tomar nota de quienes, expresa o tácitamente, en el campo político, profesional, universitario o estudiantil las han apoyado o estimulado, a fin de que cada uno asuma su responsabilidad. La transparencia y coherencia de estos sindicalistas y de sus protectores, contra nuestra democracia y contra el Estado de derecho, vio la luz –reiteramos– en una reunión en el Melico Salazar, en abril del 2005, con la bendición de algunas figuras políticas. En esa oportunidad anunciaron, ante una concurrencia y –calculadas ausencias– sindical y política que avaló todo, que desconocían el proceso electoral de febrero del 2006 si el vencedor fuese el actual presidente de la República, Óscar Arias. De aquí se deriva su muletilla ideológica de que el actual es un gobierno espurio y que el TLC se sometería al dictado de la “democracia callejera” y no al del mandato constitucional. En este orden de ideas, hay que destacar la posición de un expresidente de la República, Luis Alberto Monge, quien ha dado bríos a estos dirigentes sindicales y a otros grupos, al manifestar públicamente, en su discurso del 17 de octubre pasado en un seminario, que en Costa Rica se ha roto el orden constitucional. También deben tomarse en cuenta las declaraciones irresponsables de algunos dirigentes políticos y profesionales, al denunciar la comisión de un fraude electoral en las elecciones pasadas, o la de ciertos cuerpos colegiados al asimilar, contra todo criterio histórico, las circunstancias políticas actuales con las que precedieron a la guerra civil de 1948, o bien al identificar el TLC con la venta de la patria o el fin de la soberanía. Todo este sedimento conceptual y verbal lastima, por falso, el sistema democrático. Ante esta ligereza moral y política, se han observado dos reacciones. La mayoría de los costarricenses no las ha tomado en serio y, más bien, las achacan a la incultura política en estos dirigentes sindicales, al odio en ciertos políticos, a inmadurez o a resabios ideológicos extremistas. Esta reacción popular de indiferencia o de sensatez contiene en sí una sanción moral contra esta variopinta minoría vocinglera. Sin embargo, y esto es lo grave, las palabras y los conceptos deformadores de la democracia y del orden constitucional, además de menoscabar el prestigio del país, pueden tener eco en ciertos círculos juveniles o de adultos, o delictivos, que, tarde o temprano, pueden desembocar en la violencia, máxime cuando se amasan con artificiales proclamas patrióticas. Esas palabras y conceptos pueden, asimismo, dejar sembrada una semilla que, luego, revienta en la depreciación del sistema democrático o político. “En relación con nuestra información del domingo anterior, es de justicia reconocer, asimismo, la firmeza de las declaraciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), por intermedio del diputado Alberto Salom, sobre el Estado de derecho y sobre las potestades intransferibles de la Asamblea Legislativa en la tramitación del TLC. La fidelidad a nuestros valores esenciales y esta comunión social constituyen la mejor garantía para la solución de nuestros problemas”.
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