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Ojo crítico Rodolfo Cerdas El Gobierno está afrontando mal la objeción de que el TLC permite que el país sea usado para la fabricación, depósito o tránsito de armamentos y materiales bélicos. En un asunto tan delicado y vital la claridad es esencial. Su definición no puede ni debe dejarse para después. Es ahora, en la tramitación legislativa normal , cuando hay que hacer las definiciones del caso, introduciendo las salvedades, aclaraciones y precisiones legales que corresponden. El problema no es la eventual producción de pistolas, revólveres y rifles. Por eso es ingenuo tratarlo con reglamentos y decretos, que podrían ir a contrapelo de la Constitución. Tampoco se resuelve con una ley, porque el Tratado está por encima de la legislación interna. Es a nivel constitucional como se debe establecer que Costa Rica no será sitio para la instalación de fábricas de armamento, o la producción, almacenamiento, trasiego o comercialización de materiales que, directa o indirectamente, puedan tener ese uso, muy especialmente los relacionados con la guerra bacteriológica, química, termonuclear o de cualquier naturaleza, destinados a fines militares y bélicos. La necesidad de una definición de ese calibre nace de que, si hoy el presidente es un Nobel de la Paz, en el 2010 su mandato se acaba. El Tratado no vence; una vez firmado, hay que respetar los términos y compromisos ahí establecidos, máxime cuando es con la mayor superpotencia del planeta, que cuando a su gobierno así le ha convenido, se ha saltado las normas y tratados. Lo ocurrido con los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura, en Afganistán e Iraq, es muy reciente como para no tomarlo en cuenta. Si la ley es inferior al Tratado y no lo afecta, los decretos y reglamentos son irrelevantes. Sí sirven para perjudicar a los ticos que respetan la ley y, de rebote, beneficiar a los delincuentes que se la saltan. Para los sicarios, asaltantes y ladrones, que no compran en las armerías, no inscriben sus armas, ni piden permisos para portarlas, esos decretos son basura. En cambio, para el ciudadano que se ajusta a la ley, ese reglamentismo aumenta trámites y burocracia, limita sus derechos adquiridos, su propiedad, su seguridad y su derecho a la legítima defensa. Acaba, en suma, desarmado, sin policía, sin seguridad, sin ayuda pública eficaz y atado de pies y manos ante la criminalidad. Hay que distinguir entre ser pacíficos y ser pacifistas. Gracias a los primeros, Bolívar y San Martín independizaron América y la democracia venció al nazismo. Gracias a los segundos y su irrealista condena indiscriminada de las armas y las batallas, hoy seríamos esclavos de Walker o súbditos de Hitler.
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