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Mayi Antillón dijo que la estrategia no es improvisada. Aquí, con José L.Valenciano y Janina del Vecchio.
archivo
Agresiva estrategia

Liberación intenta arrebatar banderas de opositores a TLC

Pretende incorporar críticas mediante cláusulas interpretativas
Opositores afirman que mociones del PLN son vagas e imprecisas

Ismael Venegas C.
ivenegas@nacion.com

Los diputados de Liberación y el Gobierno emprendieron una agresiva estrategia para neutralizar las objeciones planteadas por los opositores del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

La estrategia se desarrolla en dos escenarios: la Casa Presidencial y en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, cuyos nueve miembros debaten el TLC desde el 8 de diciembre del 2005.

La táctica oficialista consiste en adelantarse a las críticas del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del diputado José Merino del Río, del Frente Amplio. En lugar de debatir las objeciones opositoras, los verdiblancos las califican de “mitos” tejidos contra el TLC y presentan mociones para añadirlas al dictamen como cláusulas interpretativas.

Plazo

Comisión legislativa tiene plazo hasta el 12 de diciembre para dictaminar el TLC

Reacción. Si los opositores argumentan que el Tratado irá en menoscabo de la Constitución Política, los liberacionistas no discuten y proponen una cláusula interpretativa destinada a aclarar lo que a ellos de todas formas les parece obvio.

La moción verdiblanca dice, entonces, que el Tratado se aprueba en el entendido de que la Constitución tiene preeminencia.

El PLN pretende aplicar el mismo mecanismo a temas como la educación, la ecología y la salud. Así intenta, entre otros puntos, disipar las dudas sobre la potestad del país para prohibir la fabricación de armas y restringir su tenencia, así como el derecho a regular el recurso hídrico.

“Las mociones interpretativas son muy convenientes para aclarar esos mitos o mentiras que se han propalado en torno al TLC”, dijo el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco.

José Merino, diputado del Frente Amplio, aseguró tener claro que los liberacionistas pretenden desarmar las críticas de los adversarios del Tratado con una estrategia de “reacción”, pero asegura que hasta ahora no han tenido éxito.

“Tendrán que enfrentar sus cláusulas con las nuestras en esos temas. Yo tengo cláusulas más precisas”, sostiene el legislador.

Elizabeth Fonseca, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, también acusa al PLN de pretender neutralizar las objeciones con cláusulas de contenido vago.

“Las cláusulas interpretativas del PLN son inocuas. Las nuestras no son tan generales; son más específicas”, advirtió.

Pruebas. Mayi Antillón, jefa de la bancada liberacionista, confirmó la intención de anticiparse y “aportar pruebas” en torno a temas sensibles que son blanco de las críticas de los opositores.

Antillón explicó que la estrategia de adelantarse no se circunscribe al ámbito legislativo, pues incluye acciones del Gobierno, como la emisión de decretos para fortalecer la administración del Instituto Costarricense de Electricidad.

También destacó el envío al Congreso de un proyecto para prohibir la fabricación de armas en el país y restringir su comercialización y tenencia. Además, el PLN presentó una enmienda constitucional en ese sentido.

Antillón comentó que otra medida administrativa es la creación del Ministerio de la Producción para organizar y apoyar al sector productivo de cara a la vigencia del TLC.

Ahora que la oposición cuestiona los efectos del TLC sobre el presupuesto educativo, los oficialistas impulsan una reforma a la Carta Magna para dotar de más recursos a la educación.

El Tratado se tramita actualmente en la Comisión de Relaciones Internacionales. Ese foro inicio ayer la discusión de las mociones de interpretación.

La Comisión tiene plazo hasta el 12 de diciembre para dictaminar el texto, que luego pasará a conocimiento del plenario legislativo para el debate final.

Las mociones verdiblancas

Educación

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica interpreta que ninguna disposición de este Tratado impide, limita o menoscaba las potestades constitucionales del Estado costarricense para fiscalizar, vigilar, dirigir, regular, supervisar, definir la orientación de la educación y las políticas educativas en general, en este sentido se mantiene y confirma la legislación vigente del país en esta materia, la cual no se modifica en ningún aspecto; y en virtud de la exclusión realizada en la medida disconforme listada en el Anexo II, sector: servicios sociales, tampoco condiciona las políticas nacionales que en esta materia se puedan llegar a adoptar a futuro.

Salud

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica interpreta que ninguna disposición de este Tratado impide, limita o menoscaba, las potestades constitucionales del Estado costarricense de dictar cualquier tipo de medidas y establecer políticas de salud pública, conforme a la normativa existente o que llegare a adoptar según su derecho interno. Estas medidas comprenden el mantenimiento, dotación y operación de centros de salud pública, régimen de cotización, políticas de atención y cobertura, políticas sobre compra y distribución de medicamentos y en general cualquier actividad relacionada con la atención médica y sanitaria de la población.

Seguridad

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica interpreta que este Tratado no impide que Costa Rica adopte las medidas y políticas que considere necesarias para mantener la seguridad nacional, incluyendo la legislación necesaria para definir cuáles armas deben considerarse prohibidas para efecto de comercio, fabricación, distribución o tenencia en el país, incluso por niveles más restrictivos a los ya existentes en la legislación actualmente vigente.

Recurso hídrico

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica interpreta que ninguna de las disposiciones de este Tratado menoscaban la potestad regulatoria del Estado en materia del recurso hídrico.

Obligaciones

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica interpreta que el artículo 1.4 del Tratado debe interpretarse en el sentido que todas las Partes tienen la misma obligación de cumplir con las disposiciones del Tratado y por ende debe ser cumplido de buena fe observando los principios de derecho internacional público como el de pacta sunt servanda y la costumbre internacional. Asimismo se considera que este Tratado no podrá generar obligaciones válidas para el país en caso de encontrarse en contraposición con nuestra Constitución Política.

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