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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com La elección de alcaldes, dentro de un mes, nos apremia. ¿Razones? La trascendencia del régimen municipal, nuestro atraso proverbial en este campo, la incompetencia de muchos alcaldes, la descoordinación entre estos y los regidores, el pernicioso clientelismo, el miedo cerval al cambio y los poderosos grupos interesados en explotar para sí los bienes municipales, al amparo de regidores y alcaldes complacientes. Todo, en fin, se junta para que esta sea una elección vital para nuestros pueblos. El municipio es la base de la pirámide. Me referí recientemente al potencial de Santa Ana y a la necesidad de que los electores reparen en capacidad y antecedentes de sus actuales candidatos a alcaldes y vicealcaldes. Una mala elección oscurece el futuro de un cantón. Pongo, como ejemplo, ahora, las vicisitudes y tortura de una vecina del cantón de La Unión, quien, desde el 2000, lucha, infructuosamente, por sus derechos, sin obtener, hasta ahora, respuesta. Estos ejemplos cunden en el país y de aquí el desánimo en muchos pueblos. La reacción, con todo, no debe ser el retraimiento, sino la decisión de votar por los mejores candidatos, lo cual supone informarse e informar. En el 2000, esta vecina de La Unión pidió a la Municipalidad una investigación sobre la casa 3-E en los residenciales Danza del Sol. ¿Resultado? Violaciones en cuanto al antejardín y los planos. Solicitó la intervención administrativa para obligar a la empresa constructora a cumplir. Sin embargo, el Concejo Municipal y los sucesivos alcaldes guardaron silencio. Luego, la Contraloría pidió un informe de auditoría interna, que comprobó las irregularidades. El Concejo Municipal conoció el informe y el Departamento Jurídico ratificó las anomalías. Se adujo, sin embargo, que toda acción municipal estaba prescrita. Así de simple. Sigue el viacrucis: la Defensoría de los Habitantes le exigió al municipio actuar, la Comisión Nacional del Consumidor le dio la razón a la familia quejosa y algunos documentos “se extraviaron” en el municipio. Esta familia, obligada a alquilar y pagar la hipoteca de la casa “construida”, se quedó sin casa. El asunto se ventila en lo contencioso administrativo. ¿Gobierno local? Ni gobierno ni local. Seis años de tortura en una dimensión humana capital: la vivienda. En síntesis, indefensión de la gente, incompetencia municipal e impunidad para el más fuerte. Pese a todo, hay que ir a votar por personas dispuestas a cumplir con su deber para defender precisamente lo mejor que tenemos: nuestros pueblos.
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