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EDITORIALControl de armas El robo de armas del arsenal o de una delegación, el paso franco de armas a otros países y el número de personas armadas en el país, es motivo de preocupaciónEl descontrol en esta materia estimula la violencia y los actos delictivos, e incrementa la sensación de inseguridad en el país La denuncia, ayer, del ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, sobre la desaparición o robo de armas del arsenal nacional, donde se resguardan las del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Penitenciaria y la Policía del Tránsito, es motivo de preocupación. No se trata, a juzgar por sus palabras, de un robo con fines de lucro en el interior del país, sino de su tráfico ilegal hacia el exterior de armas de alto riesgo y de gran valor económico. El saqueo del arsenal nacional debe relacionarse, asimismo, con el robo, al parecer, en familia, de 25 armas de grueso calibre, el viernes pasado, de la delegación de la Fuerza Pública en Guácimo, provincia de Limón. En ambos casos, llama la atención la facilidad o comodidad con que se llevan a cabo estos actos ilícitos en edificios u oficinas donde la seguridad debe ser su razón de ser y su mejor carta de presentación. En el caso de Guácimo, el robo solo es explicable por el favorecimiento interno, lo que causa desazón y justa ira, pues se parte del supuesto de que los somnolientos vigilantes de la delegación son los mismos que brindan seguridad a la población. En cuanto al arsenal nacional, el faltante descubierto, gracias, en primer lugar, a la aplicación del sentido común, revela la insuficiencia e ineficiencia del sistema de vigilancia, control y evaluación en años anteriores. Un primer punto en el análisis de los hechos es la llamada de atención de la Contraloría General de la República, en el 2005, al Ministerio de Seguridad Pública, sobre la carencia de informes, antes de este año, sobre el inventario del arsenal nacional. Tal como informamos ayer, en 1998 la ministra de Seguridad Pública, a la sazón, Laura Chinchilla, ordenó una revisión física -como debe ser- de las armas y municiones. Sin embargo, en los años posteriores no se llevó a cabo ninguna revisión física, sino hasta el 2005, por petición de la Contraloría, cuando se detectó un faltante de armas. En los arqueos y revisiones, incluidos en los registros históricos, no hubo verificación física, según el auditor del Ministerio de Seguridad Pública. El ministro Berrocal tuvo la previsión de cuestionar los informes recibidos -los papeles- sobre el arsenal, al hacerse cargo de la cartera, en este mes de mayo, por lo que ordenó una auditoría física que reveló un elevado faltante. La verificación fue elocuente. Pese a los antecedentes conocidos, los bienes del Estado se siguen administrando a la buena de Dios. Se supone que un país que desde hace más de medio siglo abolió el ejército, debe tratar con especial diligencia todo lo referente a las armas. De poco sirve que un gobierno se ufane de la supresión de los grados militares si en el arsenal nacional o en una delegación de la Fuerza Pública los delincuentes ingresan como Pedro por su casa; si, al parecer, no se ha puesto en marcha un sistema férreo y eficaz de control de las armas, pese a los requerimientos de la Contraloría General de la República, y si, como se presume, las armas robadas pueden transportarse a otros países. Asimismo, es preocupante, por extensión, el paso de furgones con armas por el territorio nacional, como ha ocurrido, sin que hayan sido objeto de revisión o de control, y hasta cabe incluir, en este tema, la facilidad con que se adquieren armas en nuestro país y el número de personas que portan armas, la mayoría sin satisfacer los trámites legales. Conviene, en consecuencia, analizar esta dimensión de la seguridad en forma global, más allá de los robos de armas o del "descuido" de los vigilantes.
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