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El país merece saberlo ¿Qué significa llegar "hasta las últimas consecuencias", según los adversarios del TLC?Roberto J. Gallardo N. Hace unos días un dirigente del movimiento que se opone al TLC le manifestaba a un periodista que esos grupos llevarían su oposición al Tratado "hasta las últimas consecuencias". Frente a esta ominosa advertencia, es necesario hacer algunas reflexiones. Primero, le corresponde a la Asamblea Legislativa la aprobación o el rechazo del Tratado. Afirmar esto no significa, como extrañamente sostienen algunos sectores, ignorar la voluntad popular, pues la integración misma de la Asamblea, y la correlación de fuerzas en su seno, es una expresión de esa voluntad popular, en la que al menos 38 diputados y diputadas se inclinan por aprobar el tratado. Este resultado no puede ser atribuido a la casualidad o a un masivo descuido ciudadano, pues parece improbable que los electores tuviesen alguna duda sobre la posición del PLN, el Movimiento Libertario y el PUSC respecto al TLC. A menos que el tema no fuera tan relevante para definir sus preferencias electorales, lo que también es significativo. El ámbito para discutir la conveniencia o no del TLC es, pues, la Asamblea Legislativa. A la Comisión de Asuntos Internacionales, en la que se inicia el proceso, se presentarán los grupos interesados, a exponer sus argumentos. El objetivo de este ejercicio es que estos grupos puedan convencer a los diputados de votar a favor o en contra. Puede que tengan éxito, puede que no, pero el fracaso de algunos no debe deslegitimar el proceso legislativo. Y tampoco debería estigmatizarse a ningún diputado o diputada solo por tener una posición específica, ya sea en contra o a favor del Tratado. Ni insultos ni violencia. Una vez finalizada esta etapa de audiencias y discusión del texto, la Comisión de Asuntos Internacionales pasará su informe al plenario legislativo, en donde se debatirá públicamente. En este punto, todos los grupos tienen el derecho de manifestarse, para decirlo de alguna manera, de flexionar su músculo político frente a los legisladores con movilizaciones y protestas. No pueden, eso sí, ignorar o descartar el hecho concreto de la configuración parlamentaria mencionada, definida por mas de millón y medio de votantes, grupo que se asume tuvo el suficiente criterio como para saber lo que estaba haciendo al votar como lo hizo el pasado 5 de febrero, se esté de acuerdo o no con sus escogencias. Es posible que algunos no hayan valorado cabalmente las consecuencias de su preferencia, pero, además de ser un hecho difícil de valorar cuantita- tivamente, sería lógico pensar que esto sería ciertamente válido para todos los electores, no solo para quienes votaron de una manera específica. Las protestas y manifestaciones causarán trastornos. Eso es aceptable y es consecuencia del derecho inalienable que todo ciudadano tiene para expresar su disconformidad. Pero, por supuesto que no se justifica la violencia, verbal o física, de ninguna de las partes involucradas. Las presas de tránsito se sufren con paciencia porque ese es un precio que todos, nos guste o no, tenemos que pagar por un sistema de libertades, con virtudes y defectos, del que nos hemos beneficiado durante tanto tiempo. Lo que es inaceptable son los insultos y la violencia, que no son mas que manifestaciones de grupos radicales que desnaturalizan un movimiento legítimo. De la misma manera no es aceptable que se quiera posponer indefinidamente una decisión, o que se pretenda impedir una votación mediante el escarnio personal a los diputados, en particular, y el agravio a la Asamblea Legislativa, en general. Llegará el momento en que el Congreso vote el Tratado. Le corresponde hacerlo. Tiene la autoridad legítima, investida por la Constitución y el voto de los ciudadanos. Podemos estar de acuerdo o no con la votación, pero debemos respetar el resultado. En este momento uno esperaría precisamente que terminara todo movimiento y que el debate se centrara en otros temas no menos apremiantes. Si este es el panorama, ¿qué significa llegar "hasta las últimas consecuencias"? ¿Romper el orden constitucional? El país tiene derecho a saberlo.
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