|
|
 |
|
 |
|||||
|
|
Ley mordaza a despacho Armando González Rodicio El compromiso del Partido Acción Ciudadana con la transparencia está en entredicho ahora que el diputado Alberto Salom revivió un proyecto de ley destinado a limitar la libertad de expresión en el país. El rescate del proyecto, presentado en el 2005 por el exlegislador Sigifredo Aiza, es una hazaña conjunta de Salom y el liberacionista Federico Tinoco, quien también compromete la sinceridad de su partido en esta materia. Por eso urge que el PAC, el PLN y la administración de don Óscar Arias aclaren sus intenciones y digan si la iniciativa es un desaguisado inconsulto de los dos legisladores o si responde a un programa de mayor alcance. En los dos partidos hay personas que entienden la importancia de la libertad de expresión y se han manifestado a favor de ampliar el régimen restrictivo existente en Costa Rica para compatibilizarlo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las exdiputadas Laura Chinchilla, del PLN, y Marta Zamora, del PAC, están entre quienes trabajaron en la dirección que ahora abandonan sus copartidarios. Al apadrinar el proyecto, Salom y Tinoco se suman a las fuerzas tradicionales de la política nacional, nostálgicas del tiempo en que los escándalos no trascendían los salones cerrados. Pero ese tiempo pasó y los diputados no deben contar con los jueces locales para imponer el silencio. Ahora sabemos el camino a las instancias internacionales, donde es posible defender los derechos humanos frente a arbitrariedades como las contenidas en la ley Salom-Tinoco.
El sueño autoritario. El sueño autoritario encarnado en el proyecto no pasará de un sopor inducido por la ignorancia. Su proyecto de control oficial sobre la información es impracticable porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo descalificó por adelantado. Para probar esa afirmación, baste un ejemplo entre muchos posibles: El proyecto Salom-Tinoco proclama el "derecho a la información veraz", que es el principio fundamental de la política de Hugo Chávez en materia de libertad de expresión. En radical contraste, la Corte Interamericana expresó, en 1985: "Un sistema de control al derecho de expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información que la sociedad recibe puede ser fuente de grandes abusos y, en el fondo, viola el derecho a la información que tiene esa misma sociedad." Igual de clara es la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana en su punto sétimo: "Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales". Salom y Tinoco están atrasados 25 años en relación con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 44 años en relación con la doctrina Sullivan, establecida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y 18 años en relación con el Tribunal Constitucional Español que sentenció: "En definitiva, las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse 'la verdad' como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio". Ese silencio, tan temido por los magistrados españoles, el proyecto Salom-Tinoco quieren imponérselo a los costarricenses. Su fracaso es justo y previsible.
|
Enlaces comerciales: |
|||||
 |
|
|
© 2006. LA NACION S.A. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido,
transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito del Grupo Nación GN S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com Apartado postal: 10138-1000 San José, Costa Rica. Número telefónico: (506) 247-4747. Fax: (506) 247-5022. |
