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EDITORIALAsalto contra el Estado La corrupción y la mala gestión pública, al socavar al Estado, vulnera los derechos e intereses básicos de los habitantesSi la corrupción y la mala gestión pública se han apadrinado desde las más altas esferas políticas y públicas, su combate debe comenzar desde ahí Publicamos ayer una lista de funcionarios del Instituto Nacional de Seguros(INS) que, por concepto de prestaciones, recibirán montos mucho más elevados que los correspondientes, por el mismo motivo, a la mayor parte de los empleados públicos y del sector privado. El tope de las prestaciones de estos se fija en ocho salarios. El de los empleados del INS equivale a la totalidad de los años laborados, gracias a una dadivosa, con dinero público, convención colectiva. Continuamos también ayer la información sobre el negocio de los reaseguros del INS con extensión a otras entidades públicas. Hay una diferencia de grado, pero no de naturaleza, entre las gollerías de las convenciones colectivas y las prebendas de los reaseguros. Ambas, sin embargo, exhiben la misma enfermedad que, desde hace tiempo, aflige al Estado: corrupción y pésima gestión pública. De estos nuevos capítulos y de los dados a conocer, en estos años, merced a los reportajes de un sector de la prensa nacional, se pueden extraer algunas enseñanzas. Sobresale el tema de los monopolios que, convertidos en moros sin señor, desnaturalizan sus funciones específicas y se transforman en pesadas cargas para la sociedad y para el Estado. Este problema se agrava por la renuencia del Poder Ejecutivo a ejercer sus potestades y, peor aún, cuando se convierte en cómplice de los malos pasos de dichas instituciones, o bien, cuando se esgrimen, sin pudor alguno, una serie de conceptos falsos sobre la función social del Estado. Para ciertos grupos interesados la dimensión social se reduce al usufructo gremial, sin sentido alguno del bien común o del principio de igualdad.
Conspira, asimismo, contra el interés público y entorpece todo proceso de reforma de las instituciones públicas la pretensión de enmarcar las propuestas de reforma o el señalamiento de los vicios internos en la ideología de los sindicatos y de algunos partidos políticos. Durante muchos años, por ejemplo, La Nación ha estado publicando reportajes sobre la ineficiencia de algunas instituciones públicas claves, presas de la corrupción y de una gestión ineficiente, refractarias a la transparencia y a una evaluación sistemática. La respuesta a nuestras informaciones y denuncias ha consistido, invariablemente, en un machote de insultos, en señalar el fantasma de la privatización o, de parte de políticos y profesionales, en la transferencia de la responsabilidad del desbarajuste de estas instituciones a causas externas o a una conspiración en contra del Estado. Esta mentalidad ideológica o conspirativa ha agravado las causas de los problemas del sector público. La saga de denuncias sobre el funcionamiento del Estado en el orden moral y legal continuará. Sin embargo, ya se posee un caudal suficiente de pruebas para ver la realidad con un poco más de decencia y responsabilidad. En este cúmulo de informaciones, denuncias y hasta procesos penales ha tomado cuerpo un factor preponderante. La corrupción y la pésima gestión pública, al fin de cuentas, sinónimos, se han engendrado y prohijado en los estrados más altos de la función pública y de la política. Esta es la más dolorosa verificación en este lúgubre itinerario de noticias. El combate contra estos dos males exige, por lo tanto, una decisión inquebrantable del actual gobierno de la República. En este sentido, la jerarquización de los compromisos del presidente Arias, enunciados en su discurso inaugural y en meses anteriores, en los que figura, en primer lugar, el combate de la corrupción, en todas sus formas, entreabren un horizonte de esperanza. Sin esta premisa mayor todo esfuerzo, en el orden social, político o económico, caerá por su base.
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