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Jueces condenan a dos auditores a 9 años de prisión Los encontraron responsables por tres delitos sexuales contra dos menoresLes imponen seis meses de prisión preventiva mientras fallo queda en firme Carlos Arguedas C.y Marvin Carvajal carguedasc@nacion.com El Tribunal de Juicio de Limón condenó a dos auditores a nueve años de prisión por tres delitos sexuales. La sentencia, dictada por los jueces el miércoles a las 10:40 p. m., fue para Manuel Antonio Fernández Carvajal y Jorge Eduardo Cortés Villegas. A ambos se les encontró responsables de los delitos de relaciones sexuales remuneradas con menores de edad, fabricación o producción de pornografía y difusión de pornografía. En el por tanto de la sentencia, el Tribunal absolvió a Fernández y Cortés de los delitos de corrupción y violación, que les atribuyó el Ministerio Público. Tras valorar la alta pena impuesta y la posibilidad de fuga, los jueces revocaron la libertad de los condenados y les impusieron seis meses de prisión preventiva. Esto, mientras la resolución queda en firme. El Tribunal lo integraron Carlos Porras (presidente), Rosa Emilia Gamboa y Juan Carlos Castro. Hechos. A Fernández , de 42 años, y a Cortés, de 45, los detuvieron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón, el 10 de setiembre del 2004. En ese entonces, los implicados, vecinos de Heredia, realizaban un trabajo para la Contraloría General de la República, dependencia a la cual todavía pertenecen. La acción ocurrió porque dos menores de 15 años denunciaron que los hombres las abordaron cuando caminaban por el tajamar. Les propusieron que si ellas aceptaban posar desnudas para una revista, les pagarían ¢50.000, según detalló la acusación leída por el fiscal Manuel Rojas. Los sujetos las llevaron a un céntrico hotel, en una de cuyas habitaciones les tomaron videos y fotos. También les mostraron revistas pornográficas. Luego del arresto, la Policía allanó la habitación, donde apareció una cámara digital, una computadora portátil y la pornografía que en parte habían descrito las jóvenes al OIJ. Sin embargo, al revisar los equipos, la Policía determinó que las fotos habían sido borradas. Aunque expertos en informática extrajeron las imágenes de los archivos ocultos de la máquina, el Tribunal de Juicio rechazó tomarlas como prueba. La razón es que cuando las fotos se pasaron a un disco compacto, las autoridades no tomaron previsiones para garantizar la pureza del procedimiento. El Tribunal también aceptó la acción civil que presentaron las ofendidas por intermedio de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. En consecuencia, se condenó a Fernández y Cortés a pagar ¢2 millones en forma solidaria a cada una de las jóvenes por daño moral. Los auditores también deberán pagar ¢800.000 por concepto de costas personales del juicio a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Los jueces exoneraron al Estado de toda responsabilidad civil en este caso. El juicio se inició el pasado 9 de mayo.
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