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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com Dos noticias de ayer: en la página 8 de La Nación se informa de que los pacientes esperan hasta 36 meses por una operación en el hospital San Juan de Dios y, en la página 4, que 150 empleados del INS renunciaron, entre el viernes pasado y anteayer, por temor a perder el beneficio del pago de prestaciones sin tope, en vista de las resoluciones de la Sala Cuarta que están poniendo fin a un sinnúmero de gollerías en la administración pública. Una casta burocrática ha estado comiendo a doble carrillo de los recursos públicos. La culpa no es, obviamente, de los empleados públicos beneficiarios de esos privilegios. Si el resto de los empleados públicos y privados tienen un tope de ocho años (un salario por cada año) en sus prestaciones, y si para aquellos no hay límite, la conclusión es obvia: la renuncia a tiempo para no perder estos suculentos beneficios. Esta renuncia le costará al INS una fortuna, pero quienes deben sentarse en el banquillo de los acusados, por todas las convenciones colectivas cargadas de privilegios y de injusticia, son precisamente las autoridades o jerarcas de estas instituciones, y, por extensión, los Gobiernos que, en su tiempo, hicieron la vista gorda y repartieron los recursos públicos a diestro y siniestro, por irresponsabilidad y miedo a los dirigentes sindicales. Estos deberían ser los primeros en ser llamados a cuentas. Faltaron gravemente a su deber. Hicieron con el dinero de los contribuyentes lo que jamás harían con el propio. Los otros responsables son los partidos políticos que, por décadas, callaron ante este asalto contra el Estado, que dicen defender. ¿Control político? Han quedado en cueros, asimismo, aquellos que, por años, han pretendido suplantar a Juanito Mora y a Juan Santamaría, profanando la majestad de la patria y monopolizando el patriotismo y la soberanía, y que, frente a la violación del principio de igualdad y de justicia, por una montaña de privilegios en leyes y en convenciones colectivas, en mengua de los derechos de los costarricenses, han guardado silencio. Nunca una denuncia, un informe, la mínima preocupación, ante el avasallamiento de los grupos de presión o el desmantelamiento del sector social, un mero juguete ideológico de un grupo de políticos, profesionales y estudiantes. ¿Estado solidario? ¿Defensa de la soberanía nacional y de la patria? ¿Proclamar excelsos ideales y principio s, y hacer todo lo contrario? La corrupción comienza con la prostitución de las palabras y de los conceptos. El siguiente paso es ver y callar. El tercero, ser parte del negocio. Así ha sido.
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