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EDITORIALEl reto de la violencia La solución debe pasar por la reforma policial y judicial en varios paísesGracias a los avances democráticos del hemisferio y a los cambios en el mundo, la violencia política ya no es una condición recurrente de América Latina. Aunque aún motiva y moviliza a ciertos agitadores y grupos, no se puede definir como un reto esencial a la seguridad interna y la estabilidad de la mayoría de nuestros países. El gran desafío en ese ámbito lo representa hoy, y con creces, la violencia criminal. Entre sus graves manifestaciones están la acción del crimen organizado, los asaltos u homicidios de delincuentes individuales, el asedio de las pandillas juveniles, las extorsiones de policías corruptos, el tráfico de gentes y drogas, y hasta el aniquilamiento sistemático de mujeres o niños. Pero poco se ha avanzado en revertir o, al menos, contener, el embate. Los sanguinarios enfrentamientos que conmovieron São Paulo la pasada semana, se inscriben dentro de esta perturbadora ola y deben llamar a una seria reflexión, no solo en Brasil, sino en todo el continente, donde los casos de delincuencia, violencia y agresiones son múltiples y de gran impacto. Los ejemplos abundan: Los carteles del narcotráfico tienen bajo su imperio a varios estados del norte mexicano. Algo parecido ocurre en amplias regiones colombianas y guatemaltecas, o en algunos enclaves peruanos. Las pandillas juveniles de nuevo cuño, conocidas como "maras", solas o en asocio con otros grupos, no dan tregua en Honduras, El Salvador y Guatemala, que han fracasado en contenerlas a partir de la represión. Caracas se ha convertido en la capital más peligrosa del continente. La "industria" del secuestro ha disminuido en Colombia, pero se ha extendido incluso hasta Argentina y es alarmante en Trinidad y Tobago. Pocos se salvan de la "mordida" o la "coima" como procedimientos regulares para evitar la acción policial. El exterminio deliberado de mujeres humildes en Ciudad Juárez y Ciudad de Guatemala ha alcanzado siniestra notoriedad mundial. Se podrían citar numerosos casos más, sin olvidar que muchas de las redes de delincuentes tienen carácter transnacional. Algunos atribuyen la espiral de agresiones y muertes, de manera exclusiva, a las endémicas pobreza, desigualdad y exclusión latinoamericanas; otros se centran en una supuesta debilidad de las penas contra los delincuentes, y por ello solo pregonan la "mano dura". Los dos sectores se acercan más al error que al acierto. Ambos conjuntos de variables son importantes y constituyen un reto impostergable para todos; pero los factores desencadenantes de la violencia criminal -que se deben y pueden conjurar con mayor rapidez- están en otros ámbitos. El problema más crítico es la escasa vigencia de un verdadero Estado de derecho. En varios países, la cadena constituida por la policía, (investigadora y represiva), los fiscales, los jueces y el sistema penitenciario tiene múltiples eslabones débiles o rotos. La impunidad es algo común, la corrupción campea entre las autoridades, las cárceles se encuentran abarrotadas y las opciones para prevenir el delito, o reinsertar a los delincuentes en la sociedad, son escasas e ineficientes. Además, otros problemas -como la urbanización desordenada, la escasez de oportunidades para los jóvenes, el clientelismo y las políticas económicas desacertadas, que no generan suficiente crecimiento y empleos- debilitan las bases para cualquier acción. En medio del deterioro, hay casos de éxito en revertir situaciones críticas, como demuestran la reducción en la violencia en tres grandes ciudades colombianas: Bogotá, Cali y Medellín. Las corrientes más fuertes, por desgracia, son negativas. Para contenerlas, el comienzo debe estar en la depuración y reorganización de los procedimientos y órganos policiales y judiciales, en la lucha contra la corrupción y en el fin de la impunidad, con respeto a los derechos individuales. A esto se deben unir programas que reduzcan las vulnerabilidades sociales y actúen sobre aquellas que más inciden en las conductas delictivas. No se trata, ciertamente, de tareas fáciles. Sin embargo, deben ser impostergables porque el costo de la inacción -como demuestran los 170 muertos que produjo la violencia en São Paulo- es muy alto.
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